El escándalo que rodea al presidente Javier Milei luego de promocionar una criptomoneda que terminó en la averiguación de una posible estafa, ahora podría deparar en la discusión de un pedido de juicio político por parte de la oposición en el Congreso.

En este contexto, legisladores del radicalismo comenzaron a plantear su postura en torno a la embestida realizada por la oposición sobre la responsabilidad del presidente en la suba de las cotizaciones de la cripto denominada $LIBRA del 1.000%, pero que a las horas se terminó desplomando.

En este contexto, los legisladores del radicalismo por Mendoza, Lisandro Nieri y Julio Cobos explicaron sus posturas en torno a esta situación.

“En principio acompañar el pedido de juicio político no procede a esta altura de lo acontecido, porque hay pasos previos que cumplir. Primero el informe de la Oficina Anticorrupción, que puede derivar en una situación judicial. Segundo, el Congreso tiene instancias previas para decidir esto, y en este caso sí vamos a acompañar la constitución de una Comisión Especial que investigue y que deslinde responsabilidades. Y el otro paso también son todos los damnificados, eventuales damnificados o supuestos damnificados, que ya están realizando presentaciones judiciales con denuncias penales inclusive“, afirmó Cobos.

De esta manera, el exgobernador aseguró que si bien no hay una comunicación oficial por parte del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, aseguró que hay consenso para cumplir todos los pasos previos antes de avanzar con juicio político.

“Nos parece que como paso previo se deben cumplir otras instancias para luego decidir sobre un eventual juicio político. Nosotros estamos primero en respetar esas instancias previas. Y te lo digo no solo a título personal sino también al título del bloque por lo que hemos hablado con algunos diputados”, explicó Cobos.

Por su parte, Nieri fue mucho más escueto en su declaración y destacó que no tomará postura en el caso hasta que haya más información disponible.

“Del tema no voy a hablar hasta que exista más información. Es grave, y sobre todo se comprometió la credibilidad de su figura. Pero hay muchos detalles aun por conocer”, señaló Nieri.

El pedido del kirchnerismo

Horas después de que ocurriera el escándalo, el bloque de Diputados de Unión por la Patria confirmó que iban a solicitar el juicio político contra el presidente.

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación”, explicaron a través de un comunicado en las redes sociales.

En este contexto, los legisladores del kirchnerismo por Mendoza, Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, confirmaron que apoyarán este pedido.

El escándalo

El presidente Javier Milei sorprendió la noche de este viernes al promocionar en redes sociales un token denominado $LIBRA. Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas.

“¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, posteó Milei y remitió a la web vivalalibertadproject.com.

Primero se especuló con que habían hackeado la cuenta de X del presidente, pero luego la diputada libertaria Lilia Lemoine dijo que se trataba de un posteo real del jefe de Estado.

Casi cuatro horas después de haber promocionado a la cripto “$Libra“, dijo que no estaba al tanto de lo que se trataba y que por eso, tras interiorizarse, había borrado el tuit.

Sin embargo, las consecuencias parecen no terminar aquí. La inversión en cripto sugerida por Milei tuvo un pico en su cotización y luego cayó de manera abrupta, dejando en el camino millones de dólares. 

Tras esto, varias denuncias se registraron en la justicia de posibles damnificados. Además, el Gobierno instruyó a la Oficina de Anticorrupción a que inicie una investigación.

En tanto, este lunes se confirmó que la jueza federal María Servini quedó a cargo hoy por sorteo de las denuncias hechas por los presuntos damnificados.