El malestar por la herencia que recibirá la futura gestión de Alfredo Cornejo es de nunca acabar. Ahora la pelea es con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los diputados provinciales radicales Néstor Majul y Néstor Parés denunciaron ante la Fiscalía de Estado violaciones al la Ley de Responsabilidad Fiscal y le solicitaron que intervenga ante las licitaciones en curso y los nuevos llamados. El malestar reina porque la oposición asegura que el organismo está comprometiendo recursos a futuro con los que la provincia no cuenta.

Ante este planteo, el fiscal de Estado “peronista”, Fernando Simón, quien desde que asumió aseguró que haría primar la independencia, le puso un freno al titular del IPV, Omar Parisi. Además de pedirle información sobre las contrataciones le “recomendó abstenerse de emitir cualquier tipo de acto administrativo que implique comprometer recursos públicos sin contar con el crédito presupuestario correspondiente”.

El planteo de los radicales es, en primer lugar, que se está violando el artículo 46 de la ley 7.316 (Responsabilidad Fiscal), porque aseguran que hay licitaciones posteriores al 30 de junio, fecha tope que establece la norma. “Hicimos un pedido de informe y fuimos a la Fiscalía de Estado porque queremos ver cuáles son las licitaciones posteriores a esa fecha”, explicó Majul.

“No pueden ser tan irresponsables de dejar tanto licitado en una provincia que está fundida”.

Es que la próxima gestión está muy preocupada por el rojo financiero de la provincia y las casas del IPV suman un dolor de cabeza más para el gobernador electo. Los números que maneja la UCR son distintos a los oficiales que informó Parisi. En ese sentido, Majul explicó que se necesitan aproximadamente unos 700 millones de pesos para las casas 5.400 viviendas comprometidas por el organismo.

“Ningún gobierno dejó comprometido a otro en licitación y ejecución más de 2.500 casas, queremos saber de dónde van a salir los recursos”, se quejó Majul, quien además mostró su descontento porque se “juega con la ilusión de la gente”. “No pueden ser tan irresponsables de dejar tanto licitado en una provincia que está fundida”, añadió el legislador radical. Además le pasaron factura al gobernador Francisco Pérez, que había prometido 12 mil viviendas, mientras que la UCR asegura que se hizo la mitad.

 

Pero ante estas acusaciones Parisi no se quedó callado y salió a contradecir los números de la oposición. En primer lugar aclaró que el IPV cumplió con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que no se ha licitado nada desde el 30 de junio en adelante. “Lo que está pendiente son acuerdos nacionales con fondos nacionales”, detalló. A diferencia de los 700 millones de pesos que maneja la UCR, el presidente del IPV aseguró que son sólo 300 millones los que debería aportar la provincia en 18 meses.

“Si uno tiene el financiamiento nacional que son 1.800 millones de pesos, es una oportunidad, es un compromiso. Eso no se devuelve a la Nación porque es un subsidio”, indicó Parisi. Además aseguró que en estos cuatro años la cifra está por encima de las 9 mil soluciones habitacionales, entre viviendas y ampliaciones. “Este es el gobierno que más casas ha realizado en la historia de la provincia”, sostuvo.

De todas manera Parisi deberá esperar la resolución del fiscal de Estado. Para ejemplificar, explicó que hubo una licitación de 400 viviendas, que se realizó antes del 30 de junio y por distintos motivos se cayó. Para saber si vuelve a realizar el llamado o no, deberá esperar la respuesta de Simón.