El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional un párrafo de la ley 7722 volvió a encender la polémica sobre el uso de sustancias tóxicas para la actividad minera en Mendoza.

Si bien el dictamen del máximo tribunal dado a conocer la noche del viernes ratificó la constitucionalidad de la ley ante el reclamo de la minera San Jorge, señala, a su vez, la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 1 de la norma que hace referencia a “otras sustancias”, por lo que sólo quedaría prohibido el uso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en los procesos mineros metalíferos.

Puntualmente el artículo 1 decía:  “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

Para los jueces, esa frase señalada en negrita es “indeterminada“, es decir que genera dudas, y recordaron que la Constitución exige que las normas “tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible”.

Ambientalistas y legisladores del partido Verde y del Frente de Izquierda consideraron que la Justicia da luz verde a las mineras para utilizar xantato, poliacrilamida y otros químicos contaminantes, al anular esas palabras claves.

En 2019, miles de mendocinos salieron a la calle para protestar por la modificación de la 7722 que permitía la utilización de sustancias químicas. Finalmente, el 30 de diciembre de ese año se derogó la ley modificatoria tras largas jornadas de manifestaciones.

La Corte Suprema declaró inconstitucional un párrafo de la ley 7722

“Gravísimo golpe institucional contra la ley 7722. La Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional parte del Art 1° y habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otros engendros químicos contaminantes. Abajo el fallo San Jorge! #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #La7722NoSeToca”, consideró en las últimas horas el senador provincial Lautaro Jiménez.

Gravísimo GOLPE INSTITUCIONAL contra la #Ley7722. La Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional parte del Art 1° y habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otros engendros químicos contaminantes. Abajo el fallo San Jorge! #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #La7722NoSeToca pic.twitter.com/fkJc2EVP2P

— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 29, 2021

En la misma línea, el candidato a diputado nacional Nicolás del Caño sostuvo: “El pueblo se movilizó por miles para decir que el agua de Mendoza No se negocia. Una institución morárquica como la Corte Suprema no cambiará ese veredicto. No a la megaminería contaminante”.

Por su parte, Marcelo Romano, senador provincial y candidato a senador nacional por el Partido Verde, afirmó que “otra vez ponen a la 7722 en peligro” y aseguró que la megaminería se podrá desarrollar en Mendoza con otras sustancias químicas.

“Tenemos que estar en estado de alerta y movilización”, dijo en un video que compartió en Twitter.

🚨Otra vez atacaron a la Ley 7722.
🚨Otra vez el AGUA de MENDOZA en PELIGRO. pic.twitter.com/SjlvQuLiJk

— Marcelo Romano (@marceloromano11) October 29, 2021

Desde la Asamblea Popular por el Agua señalaron que “volveremos a las calles a defender nuestra ley Guardiana del Agua” y volvieron a recordar que la “7722 no se toca”.

LA MEGAMINERIA NO TIENE LICENCIA SOCIAL ✊✊✊✊✊#La7722NoSeToca#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #NoALaMegamineria #AreaNaturalProtegidaUspallataPolvaredas #sialaguapura pic.twitter.com/dsfZWxx1iD

— Asamblea Popular por el Agua (@AsambleaporelAg) October 30, 2021

También Ecológicos Unidos se manifestó en contra de la medida. “Una nueva jugada del poder intentará contaminar Mendoza con Megaminería quitando de la ley 7722 el párrafo que dice “y otras sustancias tóxicas” , dejando abierta la posibilidad de usar xantato y otros venenos ·

“¡Muy grave! Vamos a seguir defendiendo la #Ley7722 en las calles #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia”, escribieron otros usuarios en las redes sociales.

Para bajar la tensión, el politólogo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, Alberto Molina, aclaró que el fallo sólo elimina del Art. 1 la frase: “…y otras sustancias tóxicas…”.  “Igualmente en la Evaluación de Impacto Ambiental pueden considerarse otras sustancias”, dijo y especificó que el dictamen “no tiene un impacto directo hoy en la actividad minera en Mendoza y la ley 7722 sigue siendo el estándar ambiental que la sociedad mendocina ha fijado en materia de explotación minera”.

Confirma que el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental debe ser aprobado por la legislatura.

– Sólo elimina del Art. 1 la frase: “…y otras sustancias tóxicas…”. Igualmente en la Evaluación de Impacto Ambiental pueden considerarse otras sustancias.

— Alberto Molina (@betomolina_mza) October 29, 2021

El fallo

El artículo 1 de la 7722 establecía: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

La frase señalada en negrita fue la que quedó anulada y era una de las principales objeciones de las compañías mineras en sus reclamos judiciales.

El fallo establece dos cuestiones: por un lado, avala la legalidad de la ley que regula la actividad minera en Mendoza. En este punto, desestima el pedido de la minera para que sea declarada inconstitucional el artículo 3, que establece la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental.

Pero por otro lado, considera que “al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de ‘ otras sustancias tóxicas similares´, se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional”, ya que los ministros consideran que “en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación”. En ese punto, el tribunal recuerda que la Constitución exige que las normas “tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible”.