La Legislatura ya dio las primeras respuestas a los pedidos que el gobernador Celso Jaque realizó durante el anuncio del Acuerdo Social por la Seguridad. En este sentido, ayer el Senado dio media sanción –unánime– al proyecto para limitar las excarcelaciones, modificando lo que expresa el artículo 293 del Código Procesal Penal. El proyecto de autoría del senador Miguel Serralta (PJ) fue avalado expresamente por el gobernador durante su discurso del viernes, pero no es el único que existe en la Legislatura al respecto de esta problemática.

    Desde el 2006, el diputado Daniel Cassia viene proponiendo la misma idea, aunque hasta el momento no encontraba el suficiente consenso para aprobarla. Sin embargo, y a raíz del viraje que ha tomado la gestión de Jaque desde el lanzamiento del Acuerdo Social, los miembros de la Cámara Alta –de todos los colores políticos– avalaron la propuesta. El apoyo parece estar en clara sintonía con un reclamo del ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, quien en reiteradas oportunidades ha expresado el deseo de la gente de que quienes cometen delitos “no ingresen por una puerta y salgan por otra” de la cárcel. CRÍTICAS.

    De todas formas, y a pesar de la unanimidad del apoyo al proyecto, muchos legisladores, entre ellos Sergio Bruni (CC) y Mauricio Suárez (UCR), quien también es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, manifestaron su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria y la falta de políticas de reinserción de los ex presidiarios. Mientras que otros, como Alejandra Naman (ARI) y Carlos Aguinaga (PD), opinaron que es posible que existan argumentos para tacharla de inconstitucional, por el equilibrio que debe existir entre el principio de inocencia de toda persona y los derechos la libertad y a pedir que se investiguen los casos.

    En cuanto al hacinamiento de los presos, Bruni manifestó que es necesario modificar la situación, ya que si este proyecto se convierte en ley, sí o sí aumentará la población carcelaria. Para el cobista, si bien en Mendoza existen unos 3.000 internos (ver aparte), por la complejidad de la situación que se está viviendo,deberían haber al menos 7.000 personas privadas de libertad. Esto haría salir a la luz la falta de infraestructura y la pobreza de políticas de reinserción. La postura fue compartida por Suárez, titular de la Bicameral de Seguridad.

PROYECTOS GEMELOS.

    La iniciativa de Serralta tiene grandes similitudes con el proyecto del polémico justicialista Cassia.Ambos proponen una modificación al artículo 293 del CPP. Lo que se impulsa en la nueva ley es que no se conceda la excarcelación cuando se trate de delitos de acción pública en los que no parezca procedente a prima facie otorgarla. También aclara que si el delito cometido contempla la libertad condicional pero el juez de Garantía considera que el acusado va a entorpecer el proceso o tratará de eludir la acción de la Justicia, tampoco se le dé el beneficio.

    Por último, señala como conveniente no dejar en libertad condicional a quienes hayan sido sometidos a dos procesos anteriores al investigado. Exceptúa, por su parte, a los imputados por delitos culposos y por ilícitos cuya pena no supere los tres años. Con las críticas antes señaladas, los senadores finalmente apoyaron al oficialismo. Aunque en Diputados la situación se hubiese complicado si en el Senado no se decidía acumular este proyecto al presentado por Cassia, que fue quien lo presentó primero.

   La falta de apoyo al proyecto del diputado parece tener que ver con la rencilla que el justicialista ha entablado con altos funcionarios de la Casa de Gobierno. Este proyecto y el de considerar válidas como pruebas las imágenes de las cámaras de seguridad sin necesidad de que la víctima reconozca al victimario pasaron la prueba del Senado y ahora esperan el visto bueno de la Cámara Baja, presidida por Jorge Tanús.