El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial ante el escenario previsto por el fenómeno del Super Niño durante el ciclo 2026-2027.
La iniciativa establece una emergencia inicial de 180 días, prorrogable por otros 180 mediante un decreto fundado del Poder Ejecutivo.
El proyecto tiene dos herramientas centrales: habilita un régimen excepcional de contrataciones para atender la emergencia y permite al Ejecutivo ampliar o reasignar partidas presupuestarias. De esta manera, la administración provincial busca contar con mayor margen para ejecutar obras, adquirir bienes y contratar servicios destinados a prevenir o responder ante eventuales daños provocados por lluvias intensas, crecidas y aluviones.
Compras sin licitaciones y cambios presupuestarios
El artículo 4 del proyecto establece que el Poder Ejecutivo y los entes descentralizados podrán realizar “todas las contrataciones necesarias” vinculadas con la emergencia sin sujeción al régimen general de contrataciones de la Administración Pública Provincial ni a sus regímenes específicos. Es decir, la ley autoriza a los funcionarios a realizar compras directas, sin licitaciones.
En la práctica, esto permite apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación para las operaciones directamente relacionadas con la emergencia. La excepción, sin embargo, no es general. El mismo artículo establece que las contrataciones deberán respetar los principios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.
Además, prohíbe utilizar el régimen excepcional para cubrir “necesidades ordinarias, periódicas, previsibles o ajenas a la emergencia”.
La segunda herramienta está contemplada en el artículo 7. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar los fondos necesarios para cumplir con la ley y, mientras dure la emergencia, “ampliar y/o reasignar partidas presupuestarias”. Es decir, el proyecto otorga margen para modificar la distribución de los recursos públicos con el objetivo de financiar las acciones previstas.
El texto no establece, en cambio, una reconducción general del Presupuesto ni incorpora una autorización específica para realizar nombramientos en planta permanente. Tampoco crea por sí mismo nuevos cargos.
La facultad de contratación está vinculada a bienes, servicios, obras e intervenciones necesarias para enfrentar la emergencia.
Hay un aspecto más. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno e Infraestructura. La decisión política es natural, considerando que se trata de la super cartera a cargo de la obra pública. La particularidad del momento es que lo conduce un ministro que está asumido como candidato, Natalio Mema, y tendrá una facultad extra: la de designar las partidas de manera arbitraria, según la emergencia lo disponga, sin tener que llamar a concurso de ofertas.
Qué se espera para Mendoza
El fundamento del proyecto toma como punto de partida la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Según el Servicio Meteorológico Nacional, en septiembre las condiciones corresponden a una fase cálida de El Niño y los modelos indican una probabilidad del 100% de que la fase continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte.
En Mendoza, la preocupación está concentrada en la combinación de precipitaciones superiores a las habituales, deshielo y posibles tormentas intensas.
Un informe publicado por El Sol señaló que la Provincia estima un incremento de las lluvias de entre 30% y 60% durante la primavera y el verano, con especial atención en octubre y noviembre.
La combinación de agua proveniente del deshielo y precipitaciones intensas puede incrementar la escorrentía y favorecer crecidas repentinas en determinadas condiciones.
El Gobierno provincial ya comenzó a reforzar las tareas preventivas. Entre las zonas identificadas como sensibles aparecen el piedemonte del Gran Mendoza y sectores de San Rafael y Malargüe.
La estrategia incluye limpieza y mantenimiento de cauces, preparación de equipos, monitoreo y sistemas de alerta temprana.
El proyecto de ley apunta precisamente a darle respaldo administrativo y presupuestario a esas tareas. Entre las intervenciones contempladas figuran obras hidráulicas y de drenaje pluvial, trabajos sobre cursos de agua y canales, mantenimiento de caminos y ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
La emergencia podrá ser prorrogada por hasta otros 180 días, pero deberá hacerse mediante un decreto fundado y ser comunicada a la Legislatura. Además, una vez finalizado el período de emergencia, la autoridad de aplicación tendrá 90 días para publicar y remitir a ambas cámaras un informe final consolidado sobre las medidas adoptadas.