PSJ Cobre Mendocino y Solway. Credit: Imagen generada con Gemini, inteligencia artificial.

En el 19 de Gewerbestrasse, en las afueras del municipio de Unterägeri, hay un pequeño barrio tipo industrial compuesto por bloques de edificios. En uno de ellos, al final de la calle y rodeado de típicos paisajes suizos, donde predominan el verde de los pinos, de los parquizados y las siluetas de las montañas de fondo, se pueden leer diferentes nombres en buzones de correo. Es una característica propia del cantón de Zug, ubicado en la zona central del país, que, sin llegar a ser un paraíso fiscal, se distingue por sus bajos impuestos y por ser un polo para la creación de empresas blockchain, de tecnología financiera y de las “letterbox companies”, firmas que solo tienen un buzón de correo y con eso les alcanza para fijar el domicilio legal. Muy parecido a lo que ocurría en San Luis durante la época de la Promoción Industrial: cáscaras vacías para aprovechar los beneficios impositivos. Solo que aquí es legal.

En uno de esos buzones se lee claramente “Zonda Metals GmbH”, nombre de la firma accionista de PSJ Cobre Mendocino, el principal proyecto minero –y el más avanzado– que por ahora tiene la provincia. Abajo de su nombre hay una leyenda que indica que allí se pueden hacer reclamos y también una referencia a “Solway Real Estate Swiss AG”, la empresa madre de Zonda.

También hay una oficinita en el segundo piso. Allí, directamente, la puerta tiene una placa que dice “Solway”. Está vacía. No hay nadie. De hecho, quienes sí habitan el complejo aseguran que nunca hay nadie.

A diez kilómetros de allí, hacia el noroeste, la historia cambia. En el 8 de Baarerstrasse sí hay gente. E importante. La estructura ya es más corporativa y el paisaje sigue siendo igual de imponente, con los ventanales que dan al lago de Zug. En el sexto piso de una galería llena de comercios, una puerta tiene un cartel que ya es más explícito: “Solway”. Es la sede de la empresa y, sobre todo, la oficina de Denis Gerasev, un hombre más bien bajito, pelado y de anteojos con prominentes marcos negros. Es el director de Operaciones Legales del grupo y miembro de la junta directiva.

Gerasev cree estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en Argentina, particularmente en Mendoza. Parece relajado porque sabe que, en esta etapa del desarrollo de PSJ, la responsabilidad cae sobre sus socios locales, el Grupo Alberdi, liderado por el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini. Sabe que han existido algunas escaramuzas por la participación de la familia política de Rappallini, los Gatti, quienes están involucrados directamente en PSJ. Los han acusado de no querer abrir el juego y pretender quedarse con todas las unidades de negocios que se desprenden del proyecto minero.

¿Cómo se enteró? A partir de los mails que recibió en copia y que fueron enviados por Carlos Ferrer, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros que, actualmente, parece estar en la vereda de enfrente de PSJ.

Para Gerasev, Ferrer es un arrogante. Es la palabra que usa para describirlo. No le gustó para nada que rompiera con los códigos corporativos y saltara los canales formales de comunicación. Menos aún le agradaron sus tonos y sus formas plasmados en esos correos electrónicos. Están abiertos a las propuestas de negocios, pero cerrados a cualquier tipo de conducta prepotente que pretenda condicionarlos.

Gerasev asume su rol después de querer despegarse por unos minutos del vínculo que existe entre Zonda y Solway. Pero dura eso: apenas un tiempo corto. Cuando entiende que ya no vale la pena referirse a Zonda como “ellos”, cambia el pronombre y opta el “nosotros”.

PSJ es un proyecto más en el ecosistema del Grupo Solway. Es importante, sí, pero no el más grande. De todos modos, presta atención, porque hay detalles que se le habían pasado por alto. Por ejemplo, que Fabián Gregorio ya no es el CEO de la empresa y que ahora es su presidente, y que el cargo lo asumió Marcelo Avecilla. Tampoco sabía que Gregorio y el gerente de Legales de la empresa, Raúl Rodríguez, también aparecen como proveedores externos de PSJ, algo que raya con las prohibiciones que están enumeradas en el Manual de Buenas Prácticas que la firma presentó como parte de la Declaración de Impacto Ambiental. Y es ahí donde también debe poner el foco el Ejecutivo mendocino.

Gerasev fluctúa entre la seriedad y la amabilidad. Pero su semblante cambia por completo cuando escucha una palabra clave: Guatemala. En ese país, Solway operaba el proyecto Fénix desde 2011, una mina de níquel que era clave para el empleo en una de las zonas más pobres de la región. Hubo reclamos de pueblos originarios, denuncias por contaminación del lago de Izabal, en El Estor, y presuntos hechos de corrupción.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado guatemalteco reconocer las tierras de la comunidad indígena. Además, Estados Unidos sancionó a las filiales de la empresa en 2022 y levantó las sanciones en 2024.

No fue un hecho aislado. La situación elevó los estándares de ética y responsabilidad empresarial de Solway. Nombraron a un grupo de especialistas para que cada uno de sus emprendimientos tenga trazabilidad ambiental y tomaron el caso como algo que no puede volver a ocurrir. Por eso insisten en que, cuando desembarquen con todo en Mendoza, esos puntos serán tenidos en cuenta. Y por eso el gesto de Gerasev. Porque más allá de que no es el único en tomar decisiones en Solway, su palabra tiene un peso casi determinante. De su pulgar suele depender el avance de los proyectos de la compañía. O para arriba o para abajo. Y por lo que deja trascender, con PSJ tiene el dedo aún en posición horizontal.