Las palabras que Alfredo Cornejo le dedicó al ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro, vuelven a tener más sentido dos semanas después, porque se reavivó la tensión entre el Gobierno de Mendoza y los miembros peronistas de la Sala Segunda del tribunal. La razón es un fallo que tuvo lugar en diciembre por la reincorporación de una empleada pública y la aparente rebeldía del Ejecutivo a acatar la sentencia.
La pulseada es porque el Ejecutivo había echado a una técnica radióloga por cobrarles a pacientes los estudios e informes que se hacían en un hospital público. En la sentencia, los ministros Adaro y Omar Palermo consideraron que no hubo pruebas sólidas para separarla de la función pública. El tercer integrante de la sala, Jose Valerio, no suscribió porque estaba de licencia.
El fallo se publicó el 21 de diciembre de 2023. Si bien hubo un decreto del 28 de agosto de este año con la firma de Alfredo Cornejo y su ministro de Salud, Rodolfo Montero, que ordenó la reincorporación formal a partir del dictamen, parece que el Gobierno hizo oídos sordos porque la radióloga nunca volvió a trabajar.
Esto obligó a que, con un escrito que tiene fecha del 5 de noviembre, la Corte tuviera que intimar formalmente a la Provincia a acatar la sentencia, debido a que no existen “en autos constancia de su cumplimiento por parte de la condenada“, es decir, la Provincia.
Y le dio un plazo de 10 días al Gobierno para reincorporar a la técnica en el cargo de planta permanente.
Recibida esa intimación, puede entenderse la reacción explosiva de Cornejo el 20 de noviembre. Ese día, declaró que Adaro “se cansa de defender a empleados públicos vagos en todos los fallos“. Por supuesto, esa tajante afirmación también tenía más antecedentes de fallos en contra del Gobierno respecto a empleados públicos.
Pero Cornejo luego dio otro paso para empardar la influencia de Adaro en temas que le son políticamente sensibles como el orden en el Estado para aquellos agentes públicos que tienen irregularidades. Así, propuso como candidata a la jueza del fuero laboral Norma Llatser, para ocupar la vacante que Pedro Llorente liberará en marzo.
Aunque parecía que el nivel de enfrentamiento había disminuido, la intimación de la Corte volvió a elevar la conflictividad con el ala peronista de la Corte.
La historia
El conflicto arrancó en 2014, cuando una técnica radióloga que se desempeñaba en el hospital Sícoli de Lavalle fue denunciada por pacientes y colegas de cobrarles los informes que hacía con insumos y recursos estatales. Como pruebas en su contra, a Soledad del Valle Ávila le encontraron en un bolso suyo placas radiográficas que habían sido realizadas en el centro asistencial y recibos de cobros que tenían la firma de ella y una médica externa.
A partir de ahí comenzó un sumario administrativo. Ávila rechazó las acusaciones y presentó pruebas a su favor, entre ellas, que esa documentación pertenecía a la médica Ángela Saal -con quien trabajaba de manera independiente- y adujo que había sido robada de sus pertenencias. Sin embargo, en su descargo reconoció la firma y el contenido de esos recibos.
Con todo, el Ministerio de Salud determinó que la empleada pública fuera cesanteada en 2016.
La agente inició las apelaciones mediante una acción de procedimiento administrativo: primero, un recurso de revocatoria, que fue rechazado, y luego un recurso jerárquico ante el gobernador, que también fue desestimado.
Con esta doble negativa, Ávila presentó una impugnación y aseguró que el proceso en su contra no tenía pruebas válidas y que se habían violado sus derechos constitucionales. Por contrapartida, pedía que se le impusiera una suspensión en lugar de la cesantía.
Pero tanto el Gobierno como la Fiscalía de Estado rechazaron la demanda, ya que sostuvieron que las irregularidades habían sido probadas, que las resoluciones sancionatorias estaban debidamente fundamentadas y que las pruebas habían sido obtenidas legalmente.
E incluso remarcaron que no hubo denuncia alguna por parte de la ex empleada como tampoco de la médica, por lo que se entiende que intentaron ocultar las irregularidades, por lo que refuerza la hipótesis acusatoria.
Hasta que se llegó a la instancia de la Corte. Aunque el procurador General, Alejandro Gullé, también le rechazó la demanda, porque consideró que se respetaron todos los derechos de defensa y la sanción era inapelable, Ávila encontró eco en la Sala Segunda.
Adaro y Palermo, por su parte, consideraron que el sumario encarado por Salud no acreditó de manera concluyente que Ávila utilizó material del hospital de Lavalle para realizar estudios ni cobrar por esos informes. Los ministros consideraron que esto podría haber sido fácilmente constatable en una pericia y que tampoco se acreditó la comisión de alguna falta grave, como tampoco de algún “modus operandi“.
Este fue el fallo que ordenó la reincorporación: