El Poder Ejecutivo ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reorganizar la estructura del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, con la creación de nuevas dependencias judiciales y la puesta en funcionamiento de oficinas que ya habían sido previstas por leyes anteriores. La iniciativa también amplía las facultades de la Defensora General para modificar la organización interna y distribuir competencias según las necesidades del servicio.
El proyecto busca adecuar la estructura del organismo a los cargos de magistrados creados durante 2026 y a los previstos para 2027. Según los fundamentos del Ejecutivo, el objetivo es fortalecer el acceso a la Justicia de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, además de mejorar la cobertura territorial de la Defensa Pública.
Entre las principales medidas, la propuesta contempla la creación de una Defensoría Civil en General Alvear y de nuevas asesorías para niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida en San Rafael, San Carlos y la Primera Circunscripción Judicial. En este último caso, la ubicación específica será determinada por la Defensora General.
El texto también dispone la puesta en funcionamiento de la Decimocuarta Asesoría de la Primera Circunscripción Judicial, destinada a reforzar la atención en Las Heras, y de la Asesoría de Villa Tulumaya, en Lavalle. Ambas dependencias ya habían sido creadas mediante leyes anteriores, pero la iniciativa apunta a concretar su incorporación efectiva al servicio judicial.
Dos Defensorías de Familia y una oficina de ejecución penal
Uno de los ejes del proyecto es la creación de dos Defensorías de Familia con competencia en todo el territorio provincial. Estas dependencias tendrán competencia exclusiva en asuntos de derecho de familia, niñez, adolescencia y violencia familiar, e integrarán a los codefensores que actualmente se desempeñan en las distintas circunscripciones judiciales.
La Defensora General tendrá a su cargo la definición de la organización, la distribución territorial y las modalidades de funcionamiento de ambas oficinas. También podrá conformar equipos y áreas de trabajo, de acuerdo con las necesidades del servicio.
La propuesta incluye, además, la creación de una Defensoría Penal de Ejecución en la Primera Circunscripción Judicial. Su función estará vinculada con el seguimiento de la ejecución de las penas y el resguardo de las garantías constitucionales en el ámbito penitenciario. La autoridad del Ministerio Público podrá establecer su organización y redistribuir las competencias con otras defensorías que intervienen en esa materia.
Más facultades para la Defensora General
Otro punto central del proyecto es la modificación de la Ley Orgánica 8.928, que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. La iniciativa busca ampliar las atribuciones de la Defensora General para crear, modificar, fusionar y reorganizar dependencias, además de determinar su integración, estructura interna, distribución de competencias y modalidad de gestión.
El texto también la faculta a disponer traslados de defensores y asesores por razones de organización, especialización o necesidades del servicio, incluso entre distintas circunscripciones judiciales. En esos casos, establece que deberá contar con la conformidad del magistrado involucrado, quien conservará su jerarquía y condición. La exigencia de conformidad no se aplicará a los traslados entre dependencias de una misma circunscripción judicial.
Por último, el proyecto habilita a la Defensora General a establecer un régimen de transición para implementar las nuevas dependencias, distribuir los expedientes y reasignar causas en trámite. Los criterios deberán ser generales y objetivos, con el propósito de preservar la continuidad de las intervenciones judiciales y evitar demoras en la prestación del servicio.