Comienza el invierno en dos semanas y la demanda de garrafas aumenta cada día, con un fuerte conflicto en puerta: el precio está desregulado, aunque el Gobierno dice hacer esfuerzos para que los comerciantes mantengan el tubo de 10 kilos de gas a $16. Fuentes calificadas de Fiscalización y Control aseguraron ayer a este diario que no se podrá sancionar a los comercios que suban el precio de las garrafas deliberadamente hasta que la Secretaría de Energía de la Nación fije el nuevo valor.

    Según Mauricio Quinteros, vocero de la entidad, los inspectores locales no tendrían el poder de policía para castigar las “avivadas” de los comerciantes que, por estos días, llegan a vender en $23 los tubos de 10 kilos, 50% más que lo estipulado el año pasado. Consultada sobre cuándo se sabrá el precio máximo de la garrafa, Carmen Caballero, directora de esa entidad, aseguró: “Es la pregunta del millón. Recién hablo con Defensa Nacional del Consumidor y no me pueden decir cuándo resolverán los precios de la garrafa. Es una incógnita”.

    La funcionaria confirmó que, desde el Ministerio Nacional de Planificación, aún no definieron los precios para comercializar el gas licuado este año. Igualmente, Caballero contradijo los datos que surgieron de esa repartición y aseguró que el último precio en la provincia es de $16. “Somos el organismo de aplicación que sanciona y podemos sancionar, porque adherimos a la Ley 26.020 del Programa Nacional Garrafa para Todos”.

    “Estamos sancionando por igual a los que no exhiben precios o no lo ponen a $16 y suben el costo”, agregó Caballero, quien dijo haber labrado varias infracciones, pero no supo cuántas ni por qué motivo específico. “Desde hace un mes, las distribuidoras venden cerca de 10 mil kilos de gas licuado en forma diaria. Hasta ahora, no se ha producido problema con la demanda, aseguran. Las multas en general van de 500 a 5 millones de pesos. No sé cuántas hay por el tema garrafa, porque las multas van por un código y se pagan en Rentas, y no se discriminan las causas sancionadas”, explicó.

LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. El problema de precios trascendería la decisión provincial: el precio subsidiado en $16 habría vencido el 31 de diciembre y aún no se ha publicado el precio actualizado en el Boletín Oficial del Gobierno nacional. Hasta ahora, lo que la Provincia puede accionar, según informaron desde allí, es el control y sanción correspondiente, en caso de aquellos comerciantes que no exhiben los precios en las vidrieras comunicándoles la suba a sus clientes.

    Al parecer, la Secretaría de Energía lleva una demora superior al mes y son varias las provincias que están esperando un dictamen para que no haya problemas entre los consumidores. Se estima que el problema se debería a la falta de acuerdo entre el Gobierno nacional y el sector privado, como fraccionadoras y distribuidoras de gas de todo el país.

SOBREPRECIO EN LOS MINORISTAS. Desde Fiscalización y Control aseguran que ya recibieron quejas por desabastecimiento y sobreprecios en Las Heras y San Rafael. Sin embargo, este diario pudo constatar con vecinos que el mismo problema aparece en Maipú y la zona de Los Corralitos, en Guaymallén, y Luján de Cuyo. En esa línea, Marta Rizzo, de Fiscalización y Control de Luján de Cuyo denunció que en ese departamento son varios los reclamos. “No hay cantidad suficiente de garrafas ni inspectores provinciales para controlar los precios. Hay sitios, como Las Compuertas, en donde no venden la garrafa a menos de $25”, afirmó.

    Rizzo criticó la política oficial para distribuir el gas licuado e insistió en que se “descentralice” a los municipios el poder de policía: “El Gobierno tiene que sincerarse. Si no puede abastecer a toda la provincia, debe comunicarlo. A veces alertamos al Gobierno sobre sobreprecios, pero no hace nada. Simplemente, porque no tiene suficientes inspectores”, disparó. El sobreprecio no se hizo sentir en los grandes distribuidores de garrafa, que implican acuerdos con empresas, como TotalGaz e YPFRepsol.

    Estos aún ofrecen las garrafas a precio subsidiado, tal cual se fijó hasta el 31 de diciembre del 2010. Así, los 10 kilos se venden a $16; los 15 kilos a $25, aunque escasean, y las garrafas de 45 kilos a $200. No obstante, desde Total- Gaz aseguran que no se están vendiendo las unidades de 15 kilos, porque “se prefiere dosificar la dosis para que no haya faltante en invierno”. Actualmente, Mendoza cuenta con 12 comisiones de inspectores que controlan y sancionan a los comerciantes que violan los precios fijados en todo el país.

    Cada comisión consta de dos inspectores, por lo que, en total, hay 24 hombres para inspeccionar y sancionar infracciones en toda la provincia. “Deberían descentralizar el poder de policía a los municipios, porque, por más que nosotros tengamos el poder de relevar, no podemos sancionar, y la Provincia no da abasto”, agregó Rizzo. En este sentido, desde Fiscalización aseguran que la descentralización es “imposible” y que la idea es trabajar en forma conjunta con los municipios, para llegar mejor a los comercios que cobran más que el precio subsidiado. También apuntaron a la denuncia del ciudadano común, que puede llamar al 0800- 222-6678, todos los días.