La decisión del Gobierno nacional de eliminar el sistema de compensaciones económicas para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncopediátricos reavivó un conflicto que las empresas de transporte vienen denunciando desde hace años: la falta de pago del Estado por los boletos que continúan obligadas a entregar.
La medida fue oficializada mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y se enmarca en la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. Aunque el Gobierno eliminó el régimen de compensaciones vigente desde 2018, aclaró que el derecho a viajar gratis continúa vigente para los grupos alcanzados por la ley.
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Sin embargo, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) sostuvieron que el problema no comenzó ahora. Según indicaron, el Estado dejó de pagar las compensaciones hace tiempo y la deuda acumulada ya superó los $27.000 millones.
La entidad empresaria recordó que el último pago recibido correspondió a noviembre de 2024 y que, desde entonces, las compañías siguieron otorgando los pasajes gratuitos por orden judicial mientras los montos adeudados crecían mes a mes.
El 18 de mayo de este año el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por más de $8.753 millones correspondientes al período noviembre 2024-abril 2025. Además, intimó al Ministerio de Economía a cancelar esos montos bajo apercibimiento de multas.
El debate de quién financia el sistema
Desde el sector empresario aseguran a El Sol que nunca cuestionaron el derecho de las personas con discapacidad a acceder al transporte gratuito, sino quién debe afrontar ese costo en un esquema desregulado.
En ese sentido, el titular de Andesmar, Mauricio Badaloni, sostuvo que “si el sistema está desregulado y no hay contraprestación, las empresas no deberían estar obligadas”.
Además, planteó que el subsidio debería dirigirse directamente a los usuarios y no a las compañías. “Deberían subsidiar con aporte directo al discapacitado”, afirmó.
Actualmente, un pasaje de larga distancia puede representar cifras elevadas para las empresas. Por ejemplo, un viaje entre Mendoza y Buenos Aires ronda entre $80.000 y $120.000, mientras que a Córdoba cuesta entre $65.000 y $90.000. En el caso de Neuquén, los valores van desde los $85.000 hasta los $110.000.
El temor para conseguir pasajes
Desde organizaciones y sectores vinculados a la discapacidad advirtieron que la eliminación de las compensaciones puede traducirse en mayores obstáculos para acceder al sistema de pasajes gratuitos.
El defensor de las personas con discapacidad, Juan González, explicó que la resolución “no elimina el derecho”, ya que está garantizado por ley, pero alertó sobre posibles problemas para hacerlo efectivo.
Según señaló, incluso con subsidios ya existían complicaciones para conseguir boletos, por lo que ahora prevén “un nivel de conflictividad” aún mayor por la resistencia empresarial, la disponibilidad de lugares y las dificultades operativas.
También apuntó a la necesidad de reforzar los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que —según indicó— actualmente cuenta con menos delegaciones y personal para fiscalizar el cumplimiento del sistema.