El Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG) y la Asociación Geológica de Mendoza cuestionaron este lunes la conformación del nuevo Consejo de Minería de la provincia. Afirmaron que el proceso no fue transparente y que desvirtuó el espíritu de la ley que lo creó, además de poner en duda la idoneidad de algunos seleccionados. Desde el Gobierno rechazaron esta acusación y explicaron como se realizó la designación.
La crítica salpica a la integración de este flamante Consejo de Minería que ya se vio sacudida por la reciente renuncia del titular por parte de los abogados, Diego Silvestre, a su cargo como coordinador del ETI de San Rafael, luego de ser sorprendido con conduciendo con un alto nivel de alcohol en sangre.
La queja de los ingenieros y geólogos
A través de un extenso comunicado, las entidades sostuvieron que, si bien el Gobierno provincial presentó al Consejo como un órgano integrado por representantes del derecho, la ingeniería, la geología y otros sectores vinculados a la actividad minera; la forma en que se desarrolló el proceso de selección se fue apartando de lo que establecía la normativa original.
La Ley 9.529 creó este consejo como parte del Código de Procedimiento Minero y dispuso que esté integrado por dos consejeros (titular y suplente) con título de abogado, dos (titular y suplente) con título de ingeniero en minas, geólogo o ingeniero especializado con experiencia de 5 años en minería; y dos consejeros (titular y suplente) de cámaras empresarias y entidades afines al sector.
Sin embargo, denunciaron que cuando se convocó a organismos y cámaras para participar del proceso de recomendación de perfiles, se amplió el espectro de profesionales que podían ser tenidos en cuenta. “Se observa que el decreto añadió a lo establecido por la Ley el título de Agrimensor y determinó requerir nómina de candidatos al Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos y al Colegio de Agrimensura de Mendoza“, explicaron.
Según explicaron, el Gobierno libró oficio al: Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, Colegio de Agrimensura de Mendoza, Colegio Notarial de Mendoza; Colegio de Ingenieros de Minas; Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Colegio de Técnicos en Seguridad e Higiene; Centro de Ingenieros de Mendoza y a la Comisión Fundadora de profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente.
Todos debieron presentar sus dos candidatos y para seleccionar los perfiles realizaron un sorteo.
Las entidades que ahora reclaman contra el procedimiento primero señalaron que la ampliación a licenciados en Seguridad e Higiene, agrimensores y notarios representa una modificación del criterio inicial y además advirtieron que se lo hicieron saber a la Dirección de Minería, aunque igualmente propusieron sus dos nombres.
Reclamos contra el sorteo y la respuesta del Gobierno
La Dirección de Minería realizó el sorteo con escribano público y ahora la polémica surge en torno a si se acogió el Gobierno a los resultados del mismo.
Según el comunicado, que cita al acta notarial del mismo, en primer lugar resultó electa la dupla propuesta por el propio Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (los licenciados en geología Guillermo Rojas y Juan Antonio Fallet). En segundo lugar los propuestos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (los contadores Carlos Maximiliano Morales y Federico Adrián Letard) y en tercera posición los que ofreció el Colegio de Técnicos de Mendoza, Florencia Calderón y Claudio Ángel Dagne. Sin embargo, fueron ellos los designados por el decreto del Gobierno como integrantes del Consejo.
Calderón es la presidenta del Colegio Técnico de la Construcción en Mendoza y Dagne su vicepresidente.
Desde el Gobierno señalaron que el sorteo no tiene más función que la composición de un orden para la terna que se le ofrece al Ejecutivo, el responsable en última instancia de la elección de manera discrecional. Un sistema parecido al del Consejo de la Magistratura.
Además, desde el Ministerio reconocieron que pasó el tiempo de las impugnaciones al sorteo y no recibieron ninguna. También aseguraron que ningún representante del CoPig estuvo presente en el acto de ese 23 de mayo pasado.
La cuestión del título y la supuesta “incompatibilidad”
Avanzando en los cuestionamientos, desde el Colegio reclamaron por el título de la persona propuesta como titular. Aunque advirtieron que no están haciendo un juicio de sus “cualidades personales”, los ingenieros geólogos se quejaron de que Calderón es Maestro Mayor de Obras. Un título técnico de nivel no universitario, un concepto que consideraban crucial en la interpretación lineal de la norma que decía “título de grado”. Según este reclamo, no se puede acreditar la “expertise” que requería la norma.
También se quejaron de que Dagne sea funcionario del Gobierno (es titular de la Dirección de Educación Técnica de la DGE) lo que independientemente de que el organismo sea ad honorem, para ellos puede implicar una “incompatibilidad” siempre y cuando haya primado un criterio de afinidad política por encima de la validez profesional.
Finalmente, señalaron que el Decreto 1136 que designa los integrantes no brindó explicaciones de los aspectos ponderados por el Ejecutivo y que el Consejo de Minería supuestamente no tiene un “profesional ingeniero en minas, geólogo o ingeniero especializado con experiencia acreditada en minería”, al menos de grado universitario, tal como lo demandaba la Ley inicial, sobre la cual pidieron hacer una lectura “recta”.