El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a través de una “medida interina”, prohibió a una distribuidora eléctrica cortar el servicio a una jubilada de Guaymallén que reclamó judicialmente por “el aumento desmedido de tarifas” de luz.
La mujer denunció que su boleta de Edemsa pasó de $19.854 en el primer bimestre del año a $62.416 en el periodo siguiente. En su demanda planteó que se trató de una suba “exorbitante” de 214,37%, “muy por encima del incremento del índice de la inflación y más de diez veces superior al incremento de los salarios y las jubilaciones”.
El 3 de abril venció la factura y 20 días después Edemsa la intimó a pagar, bajo apercibimiento de cortar el suministro. Ante la imposibilidad de hacerle frente al primer vencimiento de la boleta, solicitó a la distribuidora no llegar a esa instancia: “Vivo con mi esposo que sufre una discapacidad y carece de ingresos”, argumentó.
En paralelo, a través de sus abogados, la mujer promovió una “acción sumarísima de consumo” para que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones que disponen incrementos en la tarifa de electricidad a su cargo como usuaria residencial, a partir del primero de febrero de 2024”.
La demandante, “en su carácter de consumidora vulnerable”, destacó que en su caso particular el aumento final de la boleta fue de 214,37% cuando el incremento de su consumo no llegó a 23%. Además señaló que cobra $216.231 como jubilada docente, “por lo que el monto de la factura de electricidad le insume casi el 30% de sus ingresos mensuales”.
En concreto, la mujer solicitó tres acciones: que se retrotraiga el aumento, con base en el cuadro tarifario vigente hasta enero; que se “reduzca el costo de su facturación a fin de evitar el corte del suministro público de energía eléctrica por falta de pago”; o que se le ordene a Edemsa que “se abstenga de cortar el suministro de energía hasta tanto se produzca la nueva facturación”.
Si bien la medida cautelar fue dirigida exclusivamente contra Edemsa, la demanda también apunta contra resoluciones del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y de la Secretaría de Energía de la Nación, y un decreto del gobierno provincial. Por ese motivo, la Justicia Federal solicitó informes a cada uno de ellos.
Por otra parte, el Tribunal señaló que el argumento presentado por la usuaria es adecuado y proporcional, por lo que ordenó a Edemsa “que se abstenga de efectuar cortes y/o suspensiones en el suministro de energía eléctrica por falta de pago”. También le requirió a la empresa información sobre el estado del servicio y que aclare si la demandante realizó algún reclamo formal por escrito, “debiendo acompañar en su caso, el mismo y la decisión adoptada”.
“Vale destacar que la medida interina no implica en modo alguno adelantar juicio sobre la viabilidad o procedente de la precautoria pues, exclusivamente, procura atender la delicada situación que alega la accionante mientras se recaba el informe a los organismos demandados”, reza la resolución. Ante la consulta de El Sol, desde el EPRE y Edemsa informaron que aún no han sido notificados sobre esta decisión de la Justicia.