En una ajustada votación, el jury de enjuiciamiento de Mendoza rechazó y archivó este jueves el pedido de destitución del juez penal colegiado Eduardo Martearena por “mal desempeño”.
El jury está integrado por 21 representantes y el resultado fue 11 a 10 a favor de Martearena, que fue apoyado por los siete representantes de la Suprema Corte, los tres legisladores del peronismo (Germán Gómez, Mauricio Sat y Helio Perviú) y Ariel Pringles, de La Unión Mendocina (LaUM).
Por el contrario, los nueve legisladores de Cambia Mendoza (Jorge López, Daniel Llaver, Mauricio Torres, Ricardo Tribiño, Beatriz Martínez, Martín Kerchner, Natalia Eisenchlas, Gustavo Soto y David Sáez) más Gustavo Cairo (LaUM) votaron para que se habilitara el proceso de destitución.
Por qué pidieron la destitución de Martearena
En abril de 2023, el actual diputado provincial Enrique Thomas solicitó la destitución de Martearena, un juez considerado “garantista”, debido a un fallo que benefició a un grupo de asaltantes involucrados en un robo que sufrió el propio legislador de Cambia Mendoza.
En esa oportunidad, el juez anuló las pruebas que se extrajeron de los celulares de los integrantes de la banda que ingresaron a la casa de Thomas, lo atacaron, ataron y amenazaron de muerte junto a una hija, en 2020.
Tras ese polémico fallo, intervino el pleno de la Suprema Corte y en marzo de 2023 anuló la determinación de Martearena, considerando como válidas las pruebas que el magistrado había descartado.
Por este motivo, los seis sospechosos del atraco volvieron quedar detenidos e imputados. La causa sigue su curso hacia el juicio oral y público por varios asaltos en banda.
Con esos argumentos, Thomas pidió que se activara el procedimiento contra Martearena por mal desempeño. Sin embargo, para la Corte y el PJ la denuncia no fue suficiente para habilitar el mecanismo que podría desembocar en la destitución. Por el contrario, la postura de CM era la habilitar el proceso “para que las partes se expresen y luego decidir si se continuaba o no con el Jury”.
Un juez polémico
Martearena ya había quedado en el centro de la polémica en agosto de 2019, cuando declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, provocando un terremoto político y judicial.
Ocurrió luego de que un jurado popular encontrara culpables a los acusados de matar a José Leandro Lucero por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas. La única pena posible era la prisión perpetua, pero Martearena consideró que no era constitucional y aplicó en cambio una condena de 25 años a quienes estaban acusados en ese momento.
“No puedo imponerte una pena para resocializarte, y a la vez impedir que se te reintegre a la sociedad. Es un contrasentido del Estado. Encerrar para modificar una conducta, pero igual no te largo. Por su puesto que estoy en contra de cualquier castigo perpetuo”, expresó el juez durante su exposición.
Ese fallo generó sorpresa en los Tribunales locales y tuvo repercusiones políticas. “Lo que hizo es una burla al sistema de juicios por jurado”, respondió el gobernador Alfredo Cornejo, que transitaba los últimos meses de su primer mandato. “No puede ser que los jueces crean que están en condiciones de hacer este tipo de cosas”, agregó.
El caso llegó a la Suprema Corte, que resolvió que la prisión perpetua es constitucional, no incumple el mandato de resocialización y “no se trata de una pena cruel, inhumana ni degradante prohibida por nuestra legislación”.
“No resulta inconciliable con la Constitución Nacional, ni tampoco vulnera las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos que la República Argentina ha suscripto y que tienen jerarquía constitucional (arts. 31 y 75 inc. 22)”, señaló el fallo unánime del máximo tribunal.