Dos cargos, mucha rosca y hasta el posible desenlace de una causa de alto valor institucional. Todo eso estuvo en la discusión para ver quién se quedaba con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y, de esa manera, manejar los hilos invisibles del Poder Judicial mendocino por los próximos dos años.
La conclusión estaba prácticamente cantada. El 5 a 2 a favor de Dalmiro Garay en la primera ronda de votación dejó en claro que la otrora división del máximo tribunal entre el sector filoradical y filoperonista quedó en el pasado. No existe más. Y, vaya paradoja, la política le torció la mano a las simpatías partidarias.
La Corte local dejó de moverse por ideologías o tendencias jurídicas y se ahogó en el sentido de oportunidad; en un toma y daca en que los nombres propios de jueces, fiscales, víctimas, victimarios y monjes negros son más fuertes que los principios de imparcialidad, equidad, neutralidad y demás sinónimos de justicia.
De hecho, la ley que regula el funcionamiento de la Suprema Corte entra en contradicción con la Constitución de la Provincia.
“La presidencia de la Suprema Corte y de las cámaras de apelaciones se turnará entre sus miembros en la forma que la ley determine”, establece el artículo 156 de la carta magna local.
“Los/as Ministros/as designadas/os para ocupar la Presidencia y las Vicepresidencias durarán dos (2) años en la función y podrán ser reelegidas/os”, reza la relativamente nueva Ley Provincial 9423.
De turnarse, ni noticias. Dalmiro Garay cumplirá de este modo siete años en la presidencia. Primero, cuando quedó a cargo en 2020 tras la renuncia casi sorpresiva de Jorge Nanclares. Cumplió el mandato hasta el 2021 y logró su primera reelección. Luego, se impuso en la votación del 2023 y renovó su gestión hasta el 2025. Y seguirá en el mismo lugar hasta noviembre de 2027.
Hace dos años se vieron los primeros indicios de la rispidez que ya es indisimulable en Tribunales. Hubo un globo de ensayo para ver si la presidencia podía caer en el ministro José Valerio. En ese momento, uno de los cuestionamientos vino de un sector ultrarreligioso que cuestionaba al actual coordinador del fuero penal por su cercanía a la masonería. Y la reelección de Garay apareció como la opción más potable para evitar disputa internas.
Desde ese momento, Valerio se convirtió en el crítico número uno del actual presidente de la Corte. Polemizó cada vez que pudo por la relación estrecha entre Garay y el gobernador Alfredo Cornejo. “Yo soy juez”, “No somos empleados de otro poder” o “Hay que saber decir que no” fueron algunas de las frases deslizadas por Valerio en los últimos dos años.
Su oposición a Garay hizo que, por carácter transitivo, repercutiera en el vínculo con Cornejo, que fue quien lo propuso para ocupar un lugar en la Corte.
Fuera de carrera para esta elección, Valerio fue el único que apoyó la postulación de Mario Adaro para asumir hasta el 2027.
En el poroteo previo, alguien se animó a aventurar que Julio Gómez y Omar Palermo (identificados con aquella ala filoperonista) iban a acompañar la candidatura de quien es el ministro con más antigüedad en el máximo tribunal.
Error. En los últimos meses, la conformación de ternas para ocupar cargos en la Justicia y mandar pliegos a la Legislatura terminó por imponerse. Y le agregó opacidad a un ya cuestionado y disputado Consejo de la Magistratura; lugar clave en que todos buscan instalar su ascendencia e influencia. Algunos, con sutileza; otros, con trazo grueso, incluso desprolijo.
A Gómez, por ejemplo, lo señalan como el padrino dentro de Tribunales de Rebeca Ropero, quien hace unos días superó su audiencia pública y cuyo pliego para convertirse en juez de Familia deberá ser votado por el Senado.
A Palermo lo emparentan con la inclusión en una terna de Carmen Magro, quien desde hace tiempo trabaja como conjueza, pero sin la estabilidad que da la aprobación de la Cámara Alta. Magro tiene una suerte de doble protección, ya que forma parte del círculo de Teresa Day.
La sombra de Paco Pérez
En las conversaciones sobrevoló la situación del exgobernador Francisco “Paco” Pérez, que es investigado por la presunta compra irregular de un departamento de lujo durante su gestión. No solo es el último mandatario que tuvo el peronismo, sino también quien postuló a Palermo y a Gómez para llegar a la Corte.
Es el único exgobernador con una causa tan pesada en su contra. Fue imputado formalmente por enriquecimiento ilícito hace cuatro años. De ahí en más, salvo detalles mínimos, la causa no registra grandes movimientos.
En Tribunales, el armado de estructuras que respondan a tal o cual juez, es parte de la disputa permanente de poder interno. Todos buscan ganar territorialidad. Lo hacen con cargos menores, con oficinas casi ociosas o que no le aportan ningún valor agregado al sistema judicial, más allá de nombres ampulosos. Ni hablar de hijos, esposos, novias, amantes, sobrinos varios y familiares políticos. Todo eso aparece en la mesa de negociaciones. E incluye al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa.
Se jugaron cartas fuertes. Y Adaro levantó la apuesta. Primero, su candidatura pareció ser más que nada para generar ruido. Después, cuando no se bajó y fue hasta el final, quedó como una suerte de enemigo de un sistema que recibe reproches y murmuros de pasillo, pero que no rompe el statu quo.
Ahí, quizá, haya que buscar la lógica del 5 a 2 definitivo.