“Los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia deben contestar debidamente fundamentados los pedidos de informes, declaraciones y resoluciones de las Cámaras Legislativas en un plazo no mayor de diez (10) días, prorrogable por otro plazo igual cuando la complejidad del caso así lo exija, previa comunicación a la Cámara Legislativa de origen”. El artículo 2 de la ley 5.736, sancionada el 21 de agosto de 1991, no deja lugar a dudas. Pero sí permite alimentar la grieta entre la oposición y el oficialismo, con denuncias cruzadas y chicanas que cada vez son más habituales en la Legislatura mendocina.
Los pedidos de informe que presentan diputados y senadores, especialmente los de la oposición, son una herramienta para ejercer un control sobre las políticas públicas que lleva adelante el Ejecutivo de turno.
Senado
En el caso de la Cámara Alta, de 247 pedidos de informes presentados el año pasado, se aprobaron 223 y el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, contestó 123. Es decir, tuvo respuesta el 55% de esas solicitudes.
En lo que va del 2022, se presentaron 66 proyectos: 42 tuvieron aprobación y solo 11 (26%) fueron contestados.
“El radicalismo tiene guardada la institucionalidad en un cajón. Responde los pedidos que solamente le conviene y de los temas que afectan a la gente no dan respuesta porque eso demostraría el desastre que son como gestión”, expresó el presidente del bloque del Frente de Todos, el senador Lucas Ilardo.
En la misma línea se expresó el senador Marcelo Romano (Protectora): “En el 99,9% de los casos nos niegan los informes. La única vez que logramos que nos aprueben uno es cuando demostramos que no había cartuchos para la lucha antigranizo”, sostuvo.
Sin embargo, en el oficialismo tienen otra mirada. El presidente del bloque del Senado de Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, por un lado, adjudicó algunas demoras y retrasos a la pandemia del coronavirus, pero aseguró que las críticas son una “chicana” de la oposición.
“Siempre se han respondido. Aparte, a veces están mal formulados, se pisan entre ellos mismos. El Ejecutivo y los ministerios tratan de responder en tiempo y forma, en algunos casos hay pequeñas demoras”, añadió el legislador radical.
Diputados
El año pasado se presentaron en la Cámara ba 283 pedidos de informe, de los cuales se aprobaron 137 y se contestaron 107. Esto da cuenta que el 78% de estos requerimientos tuvieron respuesta.
Durante el 2022, ya llegaron 52 de estas iniciativas, se aprobaron 21 y hasta el momento se contestaron 6, pero todavía están dentro de los plazos previstos por ley.
La diputada demócrata, Mercedes Llano, señaló que, según su experiencia, no se está cumpliendo con los tiempos de respuesta que prevé la normativa. “Generalmente, ingresan los que se tratan sobre tablas”, explicó.
Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, aseguró que hay un “excelente número de respuestas” por parte del Ejecutivo.
“Les encanta hacer pedidos de informe. A veces hay que googlear, nada más”, retrucó Lombardi.
Qué dice la ley
La Ley 5.736, estableció que el Poder Ejecutivo y Judicial tienen un plazo de 10 días para responder, prorrogable por otros 10 más cuando la complejidad de lo requerido lo exija. En un momento se estudió la opción de extender la respuesta a 30 días; sin embargo, no se avanzó en esa iniciativa.
Además, en el 2015 se aprobó una modificación donde se hizo hincapié en las sanciones por incumplimiento. De ese modo, se establecieron multas a los responsables de los ministerios, secretarías, dirección o repartición estatal que corresponda.
En la primera ocasión, será un apercibimiento, mientras que en caso de reiteración, serán pasibles de multas iguales al 25% del sueldo bruto correspondiente a la tercera clase de la Dirección General de Escuelas (DGE).
Una vez que se constata el incumplimiento, será la Fiscalía de Estado la que deberá instrumentar las medidas necesarias parara que se aplique el apercibimiento.
Sin embargo, desde el organismo que conduce Fernando Simón, en 2018 fue la última vez que recibieron pedidos para que se intime a los ministerios. De ese año a esta parte, no ingresaron más reclamos al organismo.