La Suprema Corte de la provincia continúa con el análisis del expediente del pedido de inconstitucionalidad de la ley 7.722, norma que limita el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera. El fallo podría llegar antes de fin de año.
En medio de la polémica por el derrame de cianuro en San Juan, el diputado nacional Julio Cobos salió a defender la norma local, que se aprobó durante su gestión.
“Es constitucional, es una ley que no restringe la actividad, sino que condiciona”, sostuvo el candidato a senador nacional, que para defender la legalidad de la ley, recordó lo que sucedió en San Juan con el derrame de cianuro. “Cada provincia elige su destino”, añadió, y recordó que Mendoza fue la primera en sancionar una ley de procedimiento. Mientras tanto, el pedido contra la norma ya pasó por tres de los siete jueces del pleno de la Suprema Corte.
Además, Cobos se refirió a la situación financiera provincial y criticó el estilo del Gobierno nacional, que hace “diferencias y discrimina”. Al gobernador Francisco Pérez le está costando conseguir el financiamiento del Banco Nación, y sobre eso opinó. “Es la forma que ellos entienden, confunden la obsecuencia con las consecuencias, viven en un mundo impostado”, manifestó.
“Me parece que esta situación pone a la luz el enfrentamiento entre La Cámpora y el peronismo tradicional”, añadió. Por otra parte, el legislador nacional aseguró que Alfredo Cornejo y Pérez no fueron bien recibidos por el presidente del Banco Nación y criticó la “deficiente gestión” del mandatario.
Internet, servicio público
Esta semana, el diputado nacional presentará un proyecto de ley en el Congreso para que la telefonía móvil e internet sean un servicio público. La iniciativa incluye, además, las transferencias de datos, las comunicaciones de voz, mensajes de voz y de texto, imágenes y usos de redes sociales. El objetivo es “proteger a los usuarios” y así “universalizar la prestación del servicio”.
“Tiene que estar regulado por el Estado, tenemos precio y no tarifa. “Insistimos nuevamente, no sé por qué el oficialismo no toma la iniciativa de acompañar”; sostuvo el impulsor del proyecto.
Además, la iniciativa incluye un apartado referido al trato digno de los usuarios. “Por ejemplo, si querés dar de baja un servicio, que no te tengan a las vueltas”. “Que te atienda un homo sapiens y no una máquina”, concluyó.