La Subsecretaría de Trabajo clausuró este martes la conciliación obligatoria en el conflicto paritario del Poder Judicial. Esto implica, en concreto, que los dos gremios, Empleados y Funcionarios Judiciales, respectivamente, podrán volver a tomar medidas de fuerza, si así lo determinan como resultado de la negociación con el Gobierno.
La herramienta de la conciliación había sido pedido por la Suprema Corte debido al paro en ese poder del Estado, que había afectado al servicio de justicia por casi tres semanas.
La conciliación finalmente cayó porque se cumplió su plazo de vigencia, que era hasta este lunes 24. Por el momento, no se sabe si la Corte insistirá con un nuevo pedido.
Como resultado, el proceso de conciliación se dio por concluido, según lo establece la Ley 8.729.
El artículo 1° de la resolución oficial establece la clausura del Procedimiento de Conciliación Obligatoria, previsto por el artículo 61 y siguientes de la Ley 8.729, que regula estos conflictos en la provincia de Mendoza.
La resolución de Trabajo se toma tras el cumplimiento del plazo legal previsto para este tipo de procedimientos, permitiendo a las partes involucradas ejercer sus derechos conforme a lo estipulado por el artículo 65 in fine de la mencionada ley.
Este lunes la Provincia reactivó su agenda de paritarias, con la interrogante de saber si el conflicto en los tribunales de Mendoza, oficinas fiscales y otros organismos, como el Cuerpo Médico Forense, continuará extendiéndose en el tiempo.
A priori, los dos gremios ya han afirmado que no se sentarán nuevamente a negociar.