Un estudio de la Fundación Mediterránea puso a Mendoza en el top tres de las provincias con mayor número de juicios laborales de 2024, lo que impacta a la hora de contratar en el sector privado. A este se sumó otro, de la misma organización, con los datos de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, publicado dentro del informe anual del IERAL.

Sin embargo, desde entes estatales y abogados privados reaccionaron de distinta manera y explicaron los detalles de los litigios laborales en la provincia.

El costo de la incertidumbre

El informe del think tank liberal publicado en marzo, “Trabajo formal y juicios laborales: El costo de la incertidumbre”, de Laura Caullo, reflejó que cada 1.000 trabajadores se iniciaron 34 procesos legales iniciados contra sus empleadores, entre enero y septiembre.

Así, Mendoza quedó por detrás de San Luis (60 cada 1.000) y Río Negro (55) y por arriba de Santa Fe (27).

La investigación destacó que Mendoza, junto a otras provincias, “presenta los valores más elevados, reflejando una mayor propensión a la judicialización o condiciones laborales más proclives al conflicto”. Lo que lisa y llanamente en los tribunales del fuero laboral se conoce como la “industria del juicio“.

Para Caullo, las cifras señaladas plantearon interrogantes “sobre la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos en el país”.

Según marcó el informe, una “baja litigiosidad en algunas provincias podría sugerir un mayor éxito de las instancias de conciliación y mediación, mientras que la alta judicialización en otras (como Mendoza) podría evidenciar la necesidad de fortalecer estos instrumentos para reducir la conflictividad y brindar mayor previsibilidad al empleo formal”.

Hay otras estadísticas que marcan esta alta conflictividad en materia laboral. Se trata de datos oficiales publicados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT). Entre enero y septiembre de 2024, se iniciaron 6.891 juicios por accidentes o enfermedades en el fuero laboral.

Si se compara con el mismo plazo de 2023, implica un incremento del 10,8%. Con todo, está muy por debajo de los juicios por ART de Catamarca (66%) y Salta (47%).

A su vez, el informe anual del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), vinculado a la Fundación Mediterránea, indicó que desde 2017 el ingreso de causas en el fuero laboral tuvo una considerable baja en los años siguientes. Sin embargo, hicieron notar que volvió a subir entre 2022 y 2023.

Las estadísticas oficiales también marcan otra cuestión preocupante para el mundo empresarial de la provincia.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que Mendoza cada mil trabajadores, se registraron 19.2 procesos judiciales. En este ranking, la provincia está en la tercera posición a nivel nacional.

El informe del IERAL también destacó otro significativo índice: la cantidad de siniestros laborales que ocurren cada 1.000 trabajadores: Mendoza es la provincia con mayor cantidad de accidentes en horario de trabajo, con 52, muy por arriba del promedio nacional (35 siniestros).

Para el IERAL, “esta característica juega claramente en contra de la eficiencia del mercado laboral y de sus salarios”.

La conciliación bajó los tiempos

Si bien las estadísticas oficiales marcan que Mendoza es una jurisdicción con un alto número de juicios laborales, la presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Mendoza, Celeste Cantos, consideró que el índice de litigios ha bajado gracias a las instancias de conciliaciones.

Se trata del proceso previo a la judicialización, donde existen varias instancias que buscan resolver estos conflictos a partir de una negociación entre ambas partes en puja.

Cuando se presenta una denuncia laboral, interviene la Oficina de Conciliación Laboral (OCL), que tiene un carácter obligatorio.

Si esta oficina no logra su objetivo, se convoca una audiencia inicial si el juez o tribunal lo creen necesario, en la que se vuelve a instar a las partes a que lleguen a un acuerdo días antes que se celebre el juicio.

Desde que se radica la denuncia, los procesos suelen demorar aproximadamente 1 año, tiempo promedio que, según dimensionó Cantos, “antes eran 5 años”.

Esta reducción de los tiempos se debió a dos factores importantes: la modificación del Código Procesal Laboral y la creación de la OCL, ambas efectuadas en 2018.

Rodrigo Herrera, subsecretario de Trabajo y Empleo del Gobierno de Mendoza, describió que la oficina se encargó de conciliar 7.414 conflictos laborales en el año pasado.

El funcionario destacó que 2024 “fue el año con menos denuncias” desde que se creó la OCL (2018). Fueron aproximadamente unas 13 mil denuncias.

Con la excepción de 2022, los últimos datos anuales de la Subsecretaria de Trabajo registraron la mayor tasa de conciliación por medio de la OCL, que fue del 56,85% de las denuncias presentadas.

Las demandas contras las ART

Por otro lado, Herrera descreyó de los datos en los que se basó el IERAL. Esto debido a que “el informe que pone a Mendoza como una de las más conflictivas es las ART. No son juicios contra empresas, sino contra las aseguradoras”.

Sobre los conflictos de este tipo, el subsecretario observó que ocurren porque “las ART no están reconociendo muchas enfermedades y accidentes. Por esto, los trabajadores hacen demandas para que se las reconozcan”.

La posible implicancia de la Ley Bases y el accionar de los abogados

Fabrizio González, abogado especializado en el fuero laboral, señaló a El Sol que, aunque Mendoza “siempre ha tenido una tasa alta de judicialización“, gran parte de los litigios laborales iniciados en 2024 se debió a la aplicación de la Ley Bases, sancionada en julio de 2024.

Según González, esta norma significó la “quita de mecanismos de defensa” de los empleados. Estos mecanismos a los que se refiere son multas y sanciones que podían aplicarse a empleadores, según lo que se establecía en la Ley 24.013.

Esta norma nacional sostenía la aplicación de estas sanciones en casos de incumplimientos, como no registrar a los empleados en la seguridad social; no pagar salarios e indemnizaciones, o despedir a un trabajador sin una causa justa, entre otras razones.

Otro nuevo foco de conflicto es la falta de formas para “reclamar aportes” en el caso de jubilados, antes amparados por la Ley de Contrato de Trabajo, reformada por la Ley Bases.

Cantos, a cargo de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, sostuvo que la aplicación de la Ley Bases generó “figuras controversiales” como la del Trabajador Colaborador Independiente, que no tiene una relación de dependencia con su empleador y que “favorece al trabajo” pero que son considerados como inconstitucionales por algunos abogados en Mendoza.

González consideró que los empleadores “no tienen nada que perder” en este contexto, lo que genera una mayor cantidad de conflictos con sus empleados, que no ven “otro recurso más que judicializar”.

Sin embargo, Cantos definió que, aunque la norma nacional se encuentra vigente, se deberá esperar a que se den resoluciones desde los máximos tribunales, para conocer cómo seguirá la legitimidad de la misma, proceso que, según destacó, “va a demorar una par de años”