Foto: El Sol.

La nueva Impsa tiene dueño privado, capital fresco y una deuda reestructurada. También posee millonarios proyectos en cartera y acaba de recuperar una operación estratégica en Venezuela. Sin embargo, los estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026, presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), dejan una señal incómoda: la compañía todavía no consiguió despejar las dudas sobre su capacidad para sostenerse con los fondos que genera su propia actividad.

La empresa cerró el primer semestre de 2026 con una pérdida de $45.931 millones, más del doble que un año atrás. El dato no sería, en sí mismo, una sorpresa para una empresa que viene de una década de crisis. Lo llamativo es la advertencia que acompaña al balance.

Becher y Asociados, la firma que auditó los estados financieros, incluyó un apartado bajo el título “Énfasis sobre incertidumbre material relacionada con negocio en marcha” y señaló que las pérdidas operativas y el flujo de fondos negativo “indican la posibilidad de la existencia de una duda sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

Eso no significa que la empresa esté al borde del cierre. El mismo informe señala que la concreción de los flujos futuros previstos por la empresa, junto con la capitalización realizada por el nuevo accionista y la homologación del nuevo Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), permitirían que la compañía continúe desarrollando normalmente sus actividades.

El punto central es otro: Impsa consiguió tiempo financiero para intentar recuperarse, pero todavía tiene que demostrar que puede volver a generar dinero con su negocio. Entre ese esquema, Venezuela vuelve a ocupar un lugar importante para su futuro.

Venezuela, clave para Impsa

El 13 de junio, Impsa y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) habían alcanzado un memorando de entendimiento. Y el pasado miércoles 12 de agosto, en Venezuela, ambas partes formalizaron el acuerdo que permite avanzar con trabajos vinculados a las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua.

Venezuela no es un mercado más para Impsa. La empresa tiene una larga historia vinculada a grandes proyectos energéticos en ese país y ahora vuelve a poner allí parte de sus expectativas de negocios en un momento particularmente sensible: necesita recuperar actividad en proyectos de gran escala y volver a posicionarse en mercados donde tiene experiencia acumulada.

Pero la relación con Venezuela también arrastra una historia compleja. Los propios estados financieros recuerdan que los problemas vinculados con las cobranzas de obras realizadas en Venezuela y Brasil estuvieron entre los factores que llevaron a IMPSA a suspender el pago de su deuda en 2014.

A eso se suma un dato particularmente relevante del balance actual: Corpoelec mantiene una deuda con Impsa superior a los 250 millones de dólares. Más de una década después, Venezuela vuelve a aparecer en la historia de la compañía mendocina, pero esta vez como una de las apuestas para reconstruir el negocio.

Un balance que muestra números rojos

La recuperación, sin embargo, todavía no aparece en los resultados. La comparación interanual es contundente: en el primer semestre del año pasado perdió casi $21.000 millones y en el mismo periodo de 2026 el déficit rozó los $46.000 millones. En un año, el rojo más que se duplicó.

Pero el dato que permite dimensionar mejor la situación aparece en el flujo de efectivo. Las actividades operativas consumieron más de $14.000 millones durante el semestre, frente a $1.568 millones negativos en igual período del año anterior.

La fotografía que deja el semestre es, entonces, bastante clara: Impsa logró incrementar sus ventas, pero el negocio todavía no alcanza para cubrir sus costos y generar fondos positivos. Esa es la situación que deberá revertir a medida que avance la nueva etapa de la compañía.

Nuevo dueño y reestructuración

El balance debe ser leído en el contexto del proceso que atravesó la empresa durante el último año y medio. En febrero de 2025, Industrial Acquisitions Fund (IAF) adquirió las acciones Clase C que estaban en manos del Estado nacional y de Mendoza y tomó el control de Impsa. Como parte de la operación, se comprometió a realizar una capitalización de 27 millones de dólares.

El cambio de accionista fue acompañado por otro proceso indispensable: la reestructuración de la deuda. Impsa necesitaba reordenar sus obligaciones para evitar que esa deuda siguiera condicionando su funcionamiento. Por eso, en junio de 2025 inició un nuevo Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

El proceso terminó con la homologación judicial del acuerdo el 15 de mayo de 2026 y permitió reestructurar una deuda cercana a 583 millones de dólares. El esquema posterga el pago de capital hasta el 31 de diciembre de 2036 y extiende la cancelación en nueve cuotas anuales hasta 2044, con una tasa nominal anual del 1,5%.

El acuerdo le permitió a la compañía reducir la presión financiera inmediata y concentrarse en la recuperación de su actividad. El desafío pasó entonces de la supervivencia financiera a la capacidad de volver a hacer funcionar el negocio bajo condiciones sostenibles.

El escudo contable que desapareció

Hay un detalle que explica buena parte del contraste con 2025. El año pasado, aunque el negocio también perdía plata, la empresa hizo una revaluación contable de sus plantas y equipos —básicamente, actualizó en los libros cuánto valen sus activos— y eso sumó un ingreso extra de $69.760 millones que maquilló el resultado final en positivo.

Esa actualización de bienes de uso permitió que el resultado total integral arrojara en aquel semestre un saldo positivo de $52.842 millones, pese a que el negocio operativo ya venía en rojo. Este año esa revaluación no se repitió y, sin ese amortiguador patrimonial, el golpe cayó de lleno sobre el balance.

La cartera de proyectos, el próximo desafío

Impsa llega a esta etapa con una cartera de proyectos cercana a 540 millones de dólares, entre obras en ejecución y contratos adjudicados en distintas etapas. Allí está buena parte de la expectativa de la empresa para recuperar actividad y mejorar sus resultados.

El dato importante no es solamente el volumen de esa cartera, sino la capacidad de convertir esos proyectos en obras ejecutadas, certificaciones y cobranzas. Esa evolución es la que permitirá comprobar si la reestructuración financiera puede ir acompañada por una recuperación concreta de la operación.

En ese escenario, el acuerdo con Venezuela ocupa un lugar particular al sumar una nueva posibilidad comercial para una empresa que busca reconstruir su presencia internacional y ampliar las fuentes de ingresos de su nueva etapa.