Es el único que conoce la clave de una antigua e impresionante caja en la que se depositan cientos de sobres lacrados que nunca se abrirán y que están años guardados sólo por si los requiere, algún día, la Justicia. La caja está en la oficina donde funciona la Escribanía General de Gobierno, a cargo de Guillermo Amaya, quien se desempeña en ese cargo desde 1987. Poco afecto a dialogar con la prensa y a pocos meses de jubilarse, aceptó responder el requerimiento de El Sol.

    El límite entre lo privado y lo público camina casi por una cornisa. Es que si bien son sus bienes los que se detallan en esos sobres, el dinero que manejan los funcionarios es público, por lo que hay que seguirle el curso y, en caso de detectar irregularidades o desmanejos, ir a la Justicia. Guillermo Amaya reconoce que no hacer públicas las declaraciones juradas de bienes depende de una decisión política y no está de acuerdo con que se muestren.

¿Considera que las declaraciones juradas deben seguir siendo privadas?

    Sí, porque mi criterio es que a la persona no se la debe juzgar en la vida privada. Es cierto que un escribano o contador de Gobierno no puede aparecer en el casino, en el hipódromo o en un burdel, precisamente porque cumple una función especial, pero sus bienes le pertenecen.

Pero maneja fondos públicos.

    El hilo es muy delgado, pero su patrimonio sigue siendo privado y el límite es la moralidad. Eso sí: habría que imprimirle más exigencia moral a la cuestión. Es cierto que en esta época y en esta sociedad el concepto de moralidad es muy discutido y habría que solucionarlo a través de la educación.

¿Y por qué camino se puede llegar al remedio?

    Mire, se trata de una cuestión de educación. De todas maneras, quédese tranquila, que en Mendoza todos sabemos lo que tiene o no tiene el de al lado. Y si ven algo raro en un funcionario, pues que lo denuncien. A partir de eso me pedirán la declaración a mí y, por supuesto, la voy a liberar.

¿Durante los 22 años que usted lleva adelante la tarea de custodiar las declaraciones de patrimonios de funcionarios, entre otras cosas, recuerda cuáles fueron las que le solicitó la Justicia?

    Tres veces me pidieron la declaración jurada de los gobernadores. En la década del 90 fue la del ex gobernador Rodolfo Gabrielli, además de la de José Octavio Bordón durante la investigación por la compra dudosa de equipamiento informático a IBM. El tercer mandatario, que no recuerdo quién fue, fue uno investigado por fondos que se transferían a Chile en momentos que salía más barato hacer transferencias de divisas internacionales y no en el mercado cambiario.