En el 2014, la Asociación La Rañatela solicitó un subsidio al Ministerio de Desarrollo Social por 479.000 pesos para financiar las compras y contrataciones para las actividades que iban a desarrollarse en la Feria de Logros de la Economía Social y Solidaria.
Sin embargo, en una auditoría el Tribunal de Cuentas detectó una serie de irregularidades, por lo que el caso será notificado a la Fiscalía de Estado para que investigue. El informe del organismo de control concluyó que todavía hay 179.000 pesos sin justificar, facturas no verídicas y favorecimiento a una asociación vinculada a un ex funcionario.
Los responsables señalados son los ex funcionarios de la gestión anterior, entre ellos el ex jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social Eduardo Ruiz, quien trabajaba junto al ex ministro Cristian Bassín y el ex subsecretario de Desarrollo Social y hoy concejal de Guaymallén, Rafael Moyano, entre otros.
La solicitud para el subsidio –que otorgó el Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES)– fue presentada por la presidenta de La Rañatela, María Segovia, la secretaria Verónica Ortiz y la tesorera Paola Ortiz. Los recursos solicitados eran para la distribución e instalación eléctrica (340.000 pesos), folletería y materiales de librería (90.000) y juegos inflables (49.000).
En el informe, la tesorera explicó que la asociación solamente utilizó 90.000 pesos y que el importe restante –389.000– se entregó a Daniel Ojeda, titular de la Dirección de Auditoría, Fiscalización y Control del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Esa suma se entregó a través de tres cheques y debían utilizarse para cancelar el resto de los servicios.
Sin embargo, ese recibo no fue firmado por Ojeda sino por el ex jefe de gabinete de ese ministerio, Eduardo Ruiz.
Las sospechas surgieron además porque las responsables señalaron no conocer al resto de los proveedores que forman parte de la rendición del subsidio y afirmaron que hay proveedores que no cobraron.
La maniobra fue realizada por Ruíz y terminó favoreciendo a la Asociación El Arca, institución que está vinculada a su persona, según el Tribunal de Cuentas, en forma directa. Las conclusiones del informe muestran que con el “fin de encubrir una contratación directa armaron la entrega de un subsidio”.
Los responsables entregaron un pago de 479.000 pesos a la Asociación La Rañatela, pero ésta solo prestó una parte de los servicios pero no todos los que eran objeto del subsidio y por recomendación de los ex funcionarios se asesoró a la asociación a devolver los montos no utilizados bajo el argumento de que serían ellos mismos los que iban a encargarse de los pagos.
La Rañatela solo utilizó 90.000 pesos y lo correspondiente a la distribución eléctrica facturada por Daniel Herrera por 210.000 pesos. El resto, 179.000, no fue acreditado y de la investigación se desprende que 130.000 pesos fueron cobrados por El Arca y los otros 49.000 por Daniela Rúffolo, quien presta servicios administrativos en el Arca.
Esas sumas habían sido rendidas por facturación no verídica pero luego se constató quiénes realmente habían cobrado. De esa forma se demuestra que parte del subsidio fue entregado por Ruiz a otros sujetos distintos a los proveedores que aparecen en la rendición del mismo.
“No queremos meternos en problemas. Nos dijeron que la única forma de cobrar más rápido y que no haya que esperar es sacando un subsidio a nombre de una organización y que las demás organizaciones nos facturaran, no sabíamos cuáles eran las otras organizaciones”, explicó la presidenta de La Rañatela.
En conclusión, según el Tribunal, “los fondos por los que se tramitó el subsidio no fueron recibidos por el beneficiario que los solicitó, sino una parte de los mismos, quedando la otra parte en manos de la Sra. Ruffolo y la Asociación El Arca, que forman parte de la Asociación Emprender Mendoza, que nuclea entre otras a la referida Asociación, siendo su responsable el Sr. Señor Jefe de Gabinete, Prof. Ruiz, Eduardo”.
Por lo tanto sigue vigente una erogación de $179.000 sin justificar. A raíz de ese “procedimiento administrativo irregular”, el organismo decidió conformar una pieza separada para que los responsables justifiquen la rendición y notificar a la Fiscalía de Estado.
Más controles
Este no es el único caso donde se han detectado desmanejos; en el fallo N° 16.587 del Tribunal de Cuentas figuran otras irregularidades administrativas con subsidios de montos menos significativos.
El FIDES maneja la mitad del presupuesto de Desarrollo Social, y se financia con fondos del presupuesto provincial, en total recibe unos 500 millones de pesos. El dinero del FIDES se destina para conceptos de emergencia basados en la urgencia y en la necesidad, explicó la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández.
La funcionaria dijo estar al tanto de las irregularidades y por esa razón se incrementarán los controles. Es por eso que se puso en marcha el registro de las asociaciones para que se puedan incorporar al sistema y que sean de acceso público.
Además, de ahora en adelante se realizará un seguimiento post entrega de los fondos durante los seis meses posteriores a la entrega de los subsidios.
El Fallo del Tribunal de Cuenta: