Lo que parecía un derecho ganado para una oficial de la Policía de Mendoza terminó convirtiéndose en una batalla judicial iniciada por el propio Estado. A través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial ordenó a la Asesoría de Gobierno demandar a una oficial principal, tras detectar que el reconocimiento de su título de Licenciada en Seguridad Ciudadana fue otorgado bajo un “vicio grave o grosero”.
Un “ida y vuelta” administrativo de años
El caso es complejo por las idas y vueltas que tuvo en los últimos cuatro años:
- En 2021: el Ministerio de Seguridad le reconoció el adicional por título con una retroactividad que llegaba hasta enero de 2018.
- En agosto de 2024: la actual conducción del Ministerio de Seguridad y Justicia incluso llegó a emitir una resolución para que el Ministerio de Hacienda presupuestara e incorporara los pagos adeudados en el Presupuesto 2025.
- Hoy: una auditoría legal frenó todo el proceso al considerar que ambas decisiones fueron dictadas con un “exceso de la facultad reglamentaria”.
La autocrítica del Estado: el “vicio grosero”
La Dirección de Asesoría Letrada fue contundente: las resoluciones que beneficiaban a la agente están en “discordancia con la situación de hecho reglada por la norma“. Al haber detectado este error antes de que se liquide la totalidad de la deuda en el presupuesto del próximo año, el Estado buscó evitar un perjuicio económico irreparable.
Sin embargo, como las resoluciones ya habían sido notificadas y tenían “estabilidad administrativa”, la única forma de frenar el pago es a través de una acción de lesividad ante la Justicia.
El objetivo de la demanda
La Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, ya declaró formalmente la ilegitimidad de los actos previos. Ahora, la Justicia mendocina deberá decidir si anula los beneficios. El decreto instruye a:
- Identificar los montos: determinar qué sumas se alcanzaron a liquidar.
- Notificar el traslado: iniciar el juicio formal contra la oficial.
- Analizar la prescripción: verificar qué periodos de la retroactividad ya no pueden ser reclamados.