La Fiscalía de Estado formuló una serie de observaciones antes de que el Gobierno de Mendoza autorizara la licitación por $1.159 millones destinada a contratar servicios básicos en paradores de alta montaña, playas de estacionamiento camino a Las Leñas y módulos sanitarios en destinos turísticos del sur provincial.
A través del dictamen 840/26, fechado el 27 de octubre, la Dirección de Asuntos Administrativos consideró que no existían obstáculos jurídicos para avanzar con la contratación, pero condicionó esa posibilidad al cumplimiento previo de distintas correcciones en los pliegos y en el proyecto de decreto.
Entre los puntos señalados apareció uno particularmente relevante: la comisión encargada de evaluar las ofertas debía contar con al menos un integrante con conocimientos técnicos suficientes sobre las prestaciones que se contratarían. Fiscalía advirtió que los servicios involucrados excedían una contratación habitual y que, por lo tanto, correspondía verificar la idoneidad de quienes participarían de la evaluación.
El expediente proponía integrar esa comisión con un contador y dos abogados. El organismo sostuvo que debía dejarse constancia de que alguno de ellos reunía la especialidad necesaria. De lo contrario, correspondía incorporar un profesional con esos conocimientos.
Las observaciones sobre los pliegos
El dictamen también puso el foco en las condiciones que establecerían qué ofertas podían ser rechazadas y cuáles admitían correcciones posteriores.
Fiscalía pidió revisar los artículos 4°, 5° y 6° del pliego particular, especialmente en lo referido a la garantía de oferta. El documento distinguió entre la inexistencia de esa garantía al momento de presentar la propuesta y la mera omisión de acreditar documentalmente que había sido constituida.
La diferencia no era menor: mientras que la ausencia de un requisito esencial podía justificar el rechazo, un defecto formal o documental podía resultar subsanable si no alteraba la propuesta original ni afectaba la igualdad entre los participantes.
El organismo advirtió que las causales de inadmisibilidad debían quedar reservadas para incumplimientos que comprometieran efectivamente la existencia, autoría o contenido económico de la oferta.
Otra observación estuvo relacionada con los criterios para evaluar a las empresas. El pliego distribuía 100 puntos entre seis componentes: antecedentes contractuales, antecedentes comerciales, plan de puesta a punto, operación y mantenimiento, objetivos de desarrollo sostenible y oferta económica.
Fiscalía consideró necesario que los parámetros fueran suficientemente objetivos y verificables. También señaló que cuanto mayor fuera el margen de apreciación de la comisión evaluadora, mayor debía ser la precisión de las pautas establecidas previamente.
El objetivo, según el dictamen, era preservar la transparencia, la igualdad entre los oferentes y la posibilidad de controlar o impugnar las calificaciones.
Las impugnaciones y los programas de integridad
Otro aspecto señalado fue la ausencia de un procedimiento específico para cuestionar el acto de adjudicación. El artículo 7° del pliego regulaba la evaluación y selección de las ofertas, pero no establecía un régimen particular de impugnaciones ni sus plazos. En consecuencia, Fiscalía indicó que resultaría aplicable el régimen general previsto por la Ley 9.003.
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Además, recomendó que la autoridad competente evaluara incorporar una garantía de impugnación. Esa herramienta, de establecerse, no podía superar el 1% del presupuesto oficial y debía estar contemplada desde el inicio del procedimiento.
El dictamen también observó que los pliegos no habían considerado expresamente las exigencias de los programas de integridad empresarial.
Una contratación plurianual
El expediente contempló un presupuesto de $1.159 millones, distribuido entre tres ejercicios presupuestarios: $104 para 2026, $847 para 2027 y $208 millones para 2028.
La contratación comprende tres grupos de prestaciones:
- La puesta a punto y administración de seis paradores sobre la Ruta Nacional 7.
- El acondicionamiento y mantenimiento de dos playas para la colocación y el retiro de cadenas en la Ruta Provincial 222, camino a Las Leñas.
- La instalación y operación de módulos sanitarios en Los Reyunos, El Nihuil y Los Molles.
Sobre el proyecto de decreto, Fiscalía no formuló objeciones generales, aunque solicitó actualizar las referencias presupuestarias para incorporar la intervención definitiva de Contaduría General de la Provincia y aprobar expresamente la documentación que regiría el procedimiento.
En el cierre del dictamen, el organismo agregó una recomendación: que el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, evalúe solicitar la intervención de Asesoría de Gobierno, teniendo en cuenta la magnitud económica de la contratación, su carácter plurianual, la diversidad de servicios y su vinculación con la seguridad vial y la atención de los usuarios.
Finalmente, la conclusión jurídica fue que no existían impedimentos para continuar con la licitación una vez cumplidas las observaciones y efectuadas las adecuaciones correspondientes.