Una mezcla de sentimientos se vivieron ayer en la puerta de los Tribunales Federales. Mientras adentro se daba inicio al primer juicio en la Ciudad por delitos de lesa humanidad, que marcará antecedentes, afuera, un centenar de personas apoyaban este momento histórico, mientras escuchaban atentas la lectura de las requisitorias. Familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar, gremios, agrupaciones que defienden los derechos humanos (DDHH) y estudiantes, entre otros, no se movieron ni un momento en la primera jornada del proceso. Por un lado, los presentes expresaban alegría, porque se dio finalmente comienzo al debate oral y público que se espera desde hace 34 años.

     Pero, por otro lado, la melancolía de recordar todo lo que pasó en aquellos trágicos tiempos cuesta mucho más. Ángela Urondo es hija del poeta Francisco Paco Urondo, asesinado en 1976. Como testigo de una de las causas, no podrá entrar a las audiencias hasta que declare, sin embargo, explicó que aún no se ha hecho justicia, pero confía en el juez que tiene la causa. “Hubo muchas presiones para que no se diera el juicio. Pero no hay que olvidar que es un momento muy difícil para las víctimas, porque remueve las heridas, pero es nuestra obligación sacar afuera todo lo terrible que pasó, y este es el ámbito preciso”, señaló la hija de Urondo.

     Entre las personas que viajaron desde Buenos Aires para presenciar este momento estuvo Julio Piumato, secretario de DDHH de la CGT y titular del sindicato de los judiciales. Piumato recordó la sentencia condenatoria del Tribunal de San Rafael y la calificó como ejemplar, ya que advirtió que aún existen magistrados que son cómplices no sólo por haber trabajado durante la dictadura, sino también por manifestarse a favor de los delitos de lesa humanidad. “Estos hechos reivindican a la Justicia federal y a la Justicia de Mendoza, al ver que realmente se culpa a los responsables de perseguir a muchos trabajadores”, comentó Piumato. Desde el ámbito gremial local asistieron Raquel Blas, secretaria de ATE, y Carlos Ordóñez, secretario general de Judiciales en nuestra provincia. Blas apoyó a los organismos de derechos humanos en la memoria activa y aclaró que no sólo los sindicalistas o los miembros de agrupaciones fueron perseguidos, sino también los trabajadores.

     Además, criticó al Gobierno local, ya que afirma que existe una contradicción en sus acciones. “Nos da bronca todo el aparato político que se monta, donde funcionarios del Gobierno aparecen apoyando las políticas de DDHH para figurar, pero por otro lado no reivindican los derechos de los trabajadores. Están queriendo ser camaleones y no lo son. Además, es una falta de respeto a los compañeros. No hay que enterrar la memoria activa”, culminó Blas. De parte de los familiares de desaparecidos estuvo la actriz y directora Mariú Carrera, quien indicó que esto es el resultado de años de lucha. “Es histórico que en este tribunal, donde por mucho tiempo nadie nos recibía, ahora empiece el juicio. Es una enorme satisfacción”, contó Carrera. Y agregó que, gracias a estos procesos legales, la población se entera de lo que sucedió con cada una de las personas víctimas de la dictadura militar.

     A su vez, Nino Bonoldi, familiar de desaparecidos, dijo que hay muchas cosas en juego, ya que siempre piden justicia para hoy, por ayer y para siempre. “Significa que el Estado debe responder por los actos de genocidio”, acotó Bonoldi. Pablo Salinas, querellante en el juicio y representante del Movimiento Ecuménico por los DDHH Regional Mendoza, dijo que no sólo hay que acusar a los represores que cometieron delitos, sino también a los jueces cómplices de la dictadura, como el camarista federal Otilio Romano.