Marcelo D’Agostino presentó este viernes su “renuncia indeclinable” como subsecretario de Justicia de Mendoza, luego de que se conociera una denuncia penal en su contra por abuso sexual y violencia de género.
“Habiendo tomado conocimiento de la existencia de una denuncia penal en mi contra, por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de presentar mi renuncia indeclinable y voluntaria al cargo de Subsecretario de Justicia, que vengo desempeñando desde el año 2015”, destaca la carta de dimisión que D’Agostino le presentó al gobernador Alfredo Cornejo, a quien le agradeció “la confianza depositada durante todos estos años”.
“Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo”, agrega el documento firmado por el ahora exfuncionario, que ocupaba el cargo desde fines de 2015.
Y concluye: “Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los distintos órganos del Estado”.
La denuncia
La ex pareja de D’Agostino lo denunció por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas y coacción, todo en concurso real y en un contexto de violencia de género.
La acusación describe una serie de hechos que se habrían desarrollado entre 2021 y 2024, con situaciones de hostigamiento que —según la presentación— se extendieron hasta 2025.
La presentación describe que el vínculo comenzó en un plano profesional y derivó tiempo después en una relación personal. A partir de ese momento, habrían ocurrido una serie de episodios que, de acuerdo con la denuncia, no fueron aislados sino parte de una dinámica sostenida en el tiempo. Entre ellos se destacan situaciones de control sobre la vida cotidiana, conflictos reiterados, insultos y episodios de aislamiento.
También se mencionan agresiones físicas que habrían provocado lesiones visibles, algunas de ellas —según se indica— registradas en fotografías y advertidas por terceros. En ese contexto, la denunciante sostiene que existieron conductas orientadas a condicionar sus actividades personales y laborales, incluyendo interferencias en instancias académicas y exigencias vinculadas al uso del teléfono celular y redes sociales.
Un eje central de la denuncia es el presunto abuso de poder institucional. La presentación incorpora además referencias a episodios en los que se habrían producido daños sobre objetos personales, así como situaciones en las que el denunciado habría exigido grabaciones de conversaciones. También se mencionan actos de índole sexual, sin consentimiento.