Los pases a planta permanente que se acordaron en las paritarias están haciendo ruido en la oposición, que está a la espera de las listas para decidir cómo seguir de ahora en adelante. El malestar se genera por las sospechas de que hay funcionarios y “amigos” del Gobierno que estarían incluidos en la lista de los mil empleados públicos que pasarán a planta permanente.
Se espera que en estos días lleguen los acuerdos para que sean homologados en la Legislatura y aquí es donde la UCR daría pelea si encuentra cosas que estén “por fuera de la ley”.
Entre las atribuciones del Legislativo se encuentra la de “crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, determinando sus atribuciones y responsabilidades, y dictar la ley general de sueldos”.
Es que según establece el artículo 99 de la Constitución provincial, inciso 9, entre las atribuciones del Poder Legislativo se encuentra la de “crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, determinando sus atribuciones y responsabilidades, y dictar la ley general de sueldos”. Esto significaría que los legisladores tienen en sus manos el poder de ratificar o no los acuerdos.
Por ahora la UCR estudia la situación, pero de confirmarse todas sus sospechas, las cosas se pondrán difíciles en la Casa de las Leyes, ya que según indicaron fuentes del radicalismo podrían intentar “bloquear” la homologación de las actas. Aunque hay otros que aseguran que la UCR sólo está haciendo “mucho ruido” con el tema, pero que no le conviene “poner palos en la rueda” en la previa de las elecciones.
Pero el partido mayoritario de la oposición no sólo se queja de la actitud del Gobierno con los pases a planta sino que también apuntan contra los dirigentes sindicales.
En ese sentido el senador, Juan Carlos Jaliff, acusó a los sindicalistas de “esconder a peronistas y militantes en la bolsa de los que corresponde que pasen a planta permanente”. En el radicalismo se habla de militantes, de camporistas y funcionarios que se estarían garantizando su permanencia en el Estado. Sin embargo desde el ala sindical, Raquel Blas (ATE), aseguró que esas acusaciones son “una mentira absoluta”.
La sindicalista explicó que los trabajadores tienen derecho a estar en blanco y aseguró que mientras no se constituyan los jurados para ingresar por concurso, la Corte Nacional estableció “que la estabilidad laboral es absoluta”. “No es muy fácil meter por la ventana a una persona” añadió.
“Es raro que el radicalismo haga esto antes de la campaña electoral”, concluyó la titular de ATE. Por su parte del diputado, Martín Kerchner, también mostró su disconformidad con el accionar de los gremios: “Nos preocupa que en el sindicalismo mendocino negocien los principios con el Gobierno”, indicó.
Otro de los análisis que realiza el radicalismo es que se estaría violando artículo 82 de la ley N º8.729, “conforme a la cual queda expresamente prohibido acordar entre las partes de la negociación colectiva del sector estatal, cláusulas que impliquen la obligación para el Estado provincial del pase a planta del personal que preste servicios para el Estado como contratado en cualquiera de sus modalidades, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”.
Dudas en Vialidad
El diputado radical, Jorge López, sospecha de algunas “irregularidades” en los pases a planta de la Dirección Provincial de Vialidad y presentó un pedido de informe solicitando datos.
“En dicha resolución se encontraron algunas irregularidades en relación a lo contemplado en los alcances del Convenio Colectivo de Trabajo “80 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza” homologado por decreto 2342/14 de fecha 22 de diciembre del año 2014”, señaló Jorge López.
Uno de los cuestionamientos que realiza es el pase a planta de los empleados Lucas Matías Jahan y Diego Gerardo Gelvez, contratados en enero y que con dos meses de antigüedad pasaron a planta, violando de esa manera el convenio colectivo de trabajo que autoriza el pase de los contratados cuando llevan por lo menos seis meses de trabajo.
