El sector inmobiliario asegura que el cepo cambiario perjudicó las compras y ventas de inmuebles. Pero vislumbraron una luz de esperanza cuando el Gobierno nacional decidió levantarlo. Sin embargo, escribanos y corredores inmobiliarios están muy desconformes con las leyes locales (Impositiva y de Avalúo 2016) porque afirman que encarecen los costos de escrituración de viviendas y terrenos.

Si bien hay varios ítems que hay que abonar a la hora de esta transacción, uno de los puntos que se ha visto modificado con la nueva legislación es el del Impuesto de Sellos (2,5 por ciento). La aplicación de la Ley 8.837 ha modificado la base de cálculo para Sellos, estableciendo la misma en tres veces el avalúo fiscal aplicable para el Impuesto Inmobiliario para el caso de los urbanos,  y en cinco veces para rurales y de secano. La norma entró en vigencia el jueves 21 de este mes.

Es decir, si el avalúo 2016 por tres o por cinco supera la base imponible sobre la que se pago el impuesto, se calcula el 2,5% sobre el valor a la fecha de la escritura y se deduce lo pagado por Impuesto de Sellos en el contrato. Por ejemplo, el año pasado el avalúo urbano era por dos, entonces a una propiedad de 500 mil pesos se le calculaba la base en un millón. Ahora se hace en base a 1.500.000 pesos.

Ante esto, el Colegio de Corredores Público Inmobiliarios de la provincia, el Colegio de Abogados y Procuradores y la Cámara de Comercio de San Rafael publicaron una solicitada en diferentes medios de comunicación para expresar su disconformidad con la leyes sancionadas por los legisladores mendocinos ya que “vienen a aumentar los costos de impuestos y tasas de transferencias en forma desproporcionadas con la realidad económica”.

En este sentido, el conocido corredor de inmuebles Santiago Debé manifestó su malestar con senadores y diputados que no los convocaron a la hora de hacer modificaciones en estos puntos que según argumentan afectan el movimiento del sector: “Lo que determina el precio de una propiedad es el mercado. Nosotros somos quienes conocemos bien los diferentes movimientos y, a pesar de que nos ofrecimos, no nos llamaron”.

Y agregó que con el levantamiento del cepo tenían esperanzas de que haya más dinámica inmobiliaria pero que estás leyes terminan afectando: “En zonas rurales multiplicar por cinco es excesivo. Cuanto mayor es el impuesto, mayor es la evasión. Hay que hacer una reformulación del avalúo. Toda carga fija en un mercado dinámico encarece el precio y perjudica a todos sus actores”.

Para Miguel Astorga, presidente del Colegio de Corredores Público Inmobiliarios, estas nuevas medidas son “una traba más que vuelve a paralizar el mercado. Las propiedades se están vendiendo por debajo del valor del mercado. Entonces, cuando uno hace esta tablita que ellos han puesto inteligentemente, nos encontramos que el mínimo que establece la ley está por encima de su valor”.

El enojo de los sectores es evidente y dudan que el oficialismo revea su posición. Advierten que en lugar de revisar el gasto público, proyectar y realizar políticas que logren una reactivación  en todos los sectores sociales y productivos, “se pretende castigar a la gente. Situación que implicará que el tráfico inmobiliario, el acceso al crédito y su relación a la actividad comercial se vea notablemente reducida por el alto impacto fiscal”.

Cuando Avalúo e Impositiva pasaron al Senado, los únicos que la votaron en contra fueron los representantes del FIT Noelia Barbeito y Víctor Da Vila; y los justicialistas Juan Agulles, Gustavo Arenas y Luis Böhm. Estos legisladores criticaron el aumento al impuesto al sello porque lo consideraban un “tarifazo”.