El Gobierno de Mendoza reglamentó la ley con la que castigará a quienes arrojen residuos, escombros o aguas servidas en la vía pública, cauces de agua o terrenos privados. Las penalizaciones sancionadas por la Legislatura a comienzos de octubre entraron en vigencia este lunes con el decreto firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y su publicación en el Boletín Oficial.
La modificación al Código de Contravenciones fija sanciones que incluyen multas de hasta miles de unidades fijas, días de arresto y trabajo comunitario de limpieza. Además, la normativa obliga a los infractores a hacerse cargo de todos los gastos que genere el operativo de remediación del lugar afectado.
Las penalizaciones económicos serán todavía mayores para las empresas o entidades que generen suciedad durante el desarrollo de sus actividades comerciales o institucionales.
Asimismo, las multas se duplicarán si la falta se comete durante alertas meteorológicas o emergencias ambientales decretadas por las autoridades, tal como ocurre con la del Super Niño. En el caso de los menores de edad que infrinjan la norma, los padres o tutores responderán de forma directa por los costos de la reparación.
El arrojo o acumulación de escombros, residuos, malezas, aguas servidas o metales podrá ser sancionado con multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas, que actualmente representan aproximadamente entre $600.000 y $1,2 millones.
A estas sanciones podrán sumarse arrestos de 10 a 20 días y 30 días de trabajo comunitario de limpieza. Además, el infractor deberá afrontar los costos que demande la limpieza, remoción y traslado de los residuos.
Cuando la contravención sea cometida por un menor de edad, la normativa establece la responsabilidad solidaria de padres, madres, tutores o guardadores, bajo las condiciones previstas por la legislación.
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Fondos destinados a los bomberos voluntarios
El dinero recaudado a través de las multas aplicadas por estas infracciones tendrá un destino específico. Los montos ingresados se distribuirán anualmente entre los cuarteles de bomberos voluntarios que cuenten con su certificado de operatividad vigente.
La ley contempla también responsabilidades específicas sobre el cuidado de los canales, acequias e infraestructura de drenaje. Quienes obstaculicen el paso del agua o pongan en riesgo el correcto flujo de los cauces sufrirán la sanción de inmediato con la sola realización de la conducta, debiendo asumir el saneamiento completo de la zona dañada.