La Cámara de Diputados, por unanimidad, dio sanción definitiva al proyecto de Ley que establece el marco normativo para el funcionamiento del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y crea el Banco Provincial de Perfiles Balísticos. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca fortalecer las herramientas tecnológicas y científicas destinadas a la prevención, investigación y persecución de delitos cometidos mediante el empleo de armas de fuego.
La normativa permite establecer un marco legal para la recopilación, sistematización, procesamiento y conservación de información obtenida del análisis de armas de fuego, vainas servidas, proyectiles y otros elementos de interés balístico.
Entre los objetivos centrales de la Ley se encuentra la creación de un Banco Provincial de Perfiles Balísticos que permita registrar, procesar y cotejar información balística obtenida tanto de muestras testigos como de elementos recolectados en investigaciones. De esta manera, se busca detectar posibles correspondencias entre evidencias provenientes de distintos hechos delictivos y establecer eventuales vinculaciones con armas de fuego sometidas a examen.
A través del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), el laboratorio realiza la identificación y comparación de las marcas microscópicas que dejan las armas de fuego sobre las vainas y los proyectiles. Esta tecnología permite cotejar evidencias recolectadas en distintas escenas del crimen y detectar posibles coincidencias, lo que contribuye a establecer vinculaciones entre diferentes investigaciones, incluso cuando el arma utilizada no haya sido recuperada.
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Las funciones del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas
La Ley establece que el Laboratorio funcionará como un órgano técnico-científico especializado, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, con dependencia de la Jefatura de Policía Científica Mendoza – Dirección General de Investigaciones.
Entre sus funciones se encuentran la recepción y el control técnico de las muestras remitidas por los organismos competentes; su identificación, procesamiento y digitalización; la incorporación de la información a los sistemas específicos de identificación y comparación balística; y la realización de cotejos entre los registros existentes y los nuevos elementos ingresados.
También tendrá a su cargo la administración técnica y operativa del Banco Provincial de Perfiles Balísticos, el resguardo y conservación del material recibido, y la emisión de informes técnicos y periciales cuando sean requeridos por los órganos judiciales competentes. Una vez cumplida la intervención técnica, deberá proceder a la devolución del material al organismo correspondiente, según su naturaleza administrativa o judicial.
La normativa aclara que la toma y obtención inicial de las muestras no será competencia del Laboratorio, sino que estará a cargo de los organismos expresamente establecidos en la Ley, de acuerdo con el carácter administrativo o judicial de cada procedimiento.
El Banco estará integrado por registros digitales, imágenes y demás información técnico-científica obtenida mediante el análisis de proyectiles, vainas servidas y muestras balísticas de armas de fuego sometidas a estudio.
Su incorporación obligatoria comprenderá los elementos de interés balístico obtenidos en lugares del hecho, procedimientos policiales, investigaciones penales y actuaciones judiciales, siempre que resulten técnicamente aptos para su análisis.
También se incluirán los perfiles obtenidos de armas secuestradas, incautadas, decomisadas, halladas o recuperadas, cuando resulte jurídica y técnicamente procedente efectuar el disparo de prueba. La disposición contempla además las armas denunciadas como sustraídas o extraviadas que posteriormente sean recuperadas, antes de su restitución, cuando corresponda.
El registro alcanzará asimismo a las armas pertenecientes o asignadas a la Policía de Mendoza y al Servicio Penitenciario Provincial, así como a aquellas afectadas a empresas o prestadores de seguridad privada sujetos al control de la Provincia, en los casos y condiciones que determine la reglamentación.
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En el caso de los legítimos usuarios civiles, la incorporación de los perfiles será voluntaria. Para ello, la autoridad de aplicación deberá establecer un procedimiento simplificado y podrá instrumentar jornadas, convenios, turnos especiales u otros mecanismos que faciliten la incorporación de las muestras testigos de armas legalmente registradas.
La Ley establece, además, que la información correspondiente a la titularidad del arma deberá mantenerse separada del perfil técnico-balístico, vinculándose ambos registros únicamente mediante mecanismos seguros de identificación y para las finalidades previstas en la normativa.
En relación con las investigaciones penales, la normativa dispone que, ante hechos ilícitos perpetrados con armas de fuego aptas para el disparo, deberá darse intervención obligatoria al Ministerio Público Fiscal, que podrá designar un experto balístico para cotejar los datos incorporados al Banco.
Asimismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, tanto nacional como provincial, podrán requerir la información registrada como elemento de prueba en causas judiciales, respetando los procedimientos establecidos por las normas vigentes en la Provincia.
La Ley establece que la información contenida en el Banco tendrá acceso restringido y únicamente podrá utilizarse para los fines previstos en la normativa. Su tratamiento deberá respetar los principios de legalidad, debido proceso, rigurosidad científica y técnica, objetividad, imparcialidad, reserva, confidencialidad y protección de datos personales.
También contempla protocolos específicos para la recepción, el procesamiento y el resguardo de las muestras, con el objetivo de garantizar su identificación, integridad, trazabilidad y cadena de custodia.
Cómo se implementará
La incorporación de los perfiles al Banco se realizará de manera progresiva, de acuerdo con la capacidad técnica, operativa, presupuestaria y logística disponible. La autoridad de aplicación establecerá las prioridades y etapas de incorporación, considerando especialmente la utilidad técnico-criminal del material, las necesidades de investigación y la capacidad de procesamiento del Laboratorio.
Por otra parte, la normativa establece un régimen de sanciones para los sujetos alcanzados por las obligaciones de incorporación que, estando bajo el control de la Provincia, incumplan sin causa justificada los plazos, condiciones o procedimientos establecidos.
Finalmente, la ley deroga la Ley Provincial Nº 9107 y establece su comunicación al Poder Ejecutivo.