La suma fija de 60 mil pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- con salarios inferiores a los 400 mil pesos generó fuertes críticas por parte de importantes sectores empresarios de Mendoza.
“Acabamos de cerrar paritarias y ahora nos viene este tema del bono. A muchas bodegas se les complica”, expresó Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, en diálogo con LVDiez.
“Este tipo de medidas no son buen recibidas en el sector privado por todo lo que estamos viviendo”, señaló por su parte Eduardo Pulenta, titular del Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Bressia destacó que tras la devaluación, el sector vitivinícola sufrió “un combo de aumentos”. En tal sentido, cuestionó que la suma fija que el Gobierno nacional que obliga a pagar “complica el panorama”.
“Tenemos que respetar las paritarias, para eso existen. Es una forma de acercar las partes, hasta dónde cada sector puede extender su aporte para mejorar la situación”, dijo el empresario vitivinícola. Y agregó: “Es difícil llevarlo adelante. Hemos cerrado paritarias a principios de agosto, con números importantes. Hay que ver cómo implementamos esto, porque también nos va a impactar. Es una cifra fuerte, aunque sea en dos veces”.
Mientras que Pulenta adelantó que habrá traslado a precios y criticó la medida: “No es una buena decisión, no se apunta al problema de fondo”.
“Es un parche, es una medida popular en vista a las elecciones”, insistió el presidente del CEM. Y reiteró: “Estas medidas no resuelven la inflación y se trasladan rápidamente a precios”.
“La idea es poder compensar el salto inflacionario”
La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó este martes que la suma fija de 60.000 pesos “es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina”.
En declaraciones formuladas a Radio Provincia, la funcionaria se refirió a la suma fija de 60.000 pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los 400.000 pesos por todo concepto en el mes de agosto.
“La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada, pero impuesta por el FMI”, reiteró.
En ese marco, detalló que “en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas”.
Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, Olmos respondió que será necesario contar con “el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas” y precisó que, además, “trabajadores tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento”.