El histórico control que la familia Moyano ejerce sobre el transporte de cargas a nivel nacional atraviesa un momento complejo y el epicentro de la resistencia se localiza firmemente en el interior del país. Cámaras empresarias de distintas provincias decidieron agruparse para avanzar hacia una descentralización del sistema laboral. El objetivo es directo y letal para el centralismo porteño: impulsar convenios colectivos de trabajo por región que suplanten al histórico y unificado Convenio Colectivo 40/89.
Mendoza juega un rol fundamental en esta avanzada federal. La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) forma parte del núcleo de entidades del interior que traccionan este acuerdo para cambiar de raíz las reglas del juego.
Según detalló Infobae, los empresarios del sector argumentan que las realidades de las economías regionales de las provincias no resisten las paritarias unificadas dictadas desde los despachos de Buenos Aires, donde los costos, las distancias y los márgenes de rentabilidad son diametralmente opuestos.
Hasta el momento, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) -que reúne a 43 entidades y donde Mendoza posee representación a través de APROCAM– venía asumiendo la discusión paritaria global frente a Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, el malestar de las federaciones del interior del país terminó por romper el esquema tradicional.
Con este nuevo bloque empresarial regionalizado, el poder de negociación de Camioneros empieza a tambalear. La intención del sector del interior es sentarse a negociar salarios, plus por zona y condiciones de trabajo adaptadas exclusivamente a la productividad real de cada zona geográfica.
De acuerdo con lo resuelto a fines de junio en Córdoba, los sectores del interior impulsarán la sustitución del actual convenio colectivo nacional por un esquema de alcance regional. La propuesta contempla un nuevo marco con una decena de puntos, en reemplazo de los 50 artículos previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Además, plantea que las negociaciones salariales se desarrollen por provincia a partir de septiembre y garantiza que los cambios no impliquen una disminución en el salario de bolsillo de los trabajado.
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La jugada empresaria representa un desafío abierto al modelo sindical de personería única y paritaria nacional unificada que blindó a los Moyano durante las últimas décadas.
Las cámaras empresarias de provincias como Mendoza, San Juan, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, buscarán llevar esta propuesta de descentralización del convenio colectivo a la asamblea de FADEEAC, prevista para el próximo 21 de este mes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí intentarán avanzar con la discusión para reemplazar el esquema nacional por uno de alcance regional. Hasta el momento, Aprocam no emitió ninguna postura oficial al respecto, pero fuentes del sector consultadas por El Sol aseguraron desconocer del origen de la información publicada en el medio nacional que le dio origen a la temática. Este diario quiso comunicarse con Camioneros Mendoza, pero no obtuvo respuesta.
La ofensiva impulsada por un grupo de cámaras empresarias dentro de FADEEAC tiene su origen en la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La norma introdujo cambios de fondo en el sistema de negociación colectiva al eliminar el principio de ultraactividad, lo que obliga a renegociar todos los convenios vigentes una vez vencidos. Además, habilitó que los acuerdos celebrados a nivel regional o empresarial puedan prevalecer sobre los convenios nacionales de actividad, modificando el orden de jerarquía que regía hasta ahora.
Este cambio representa un desafío para el modelo sindical tradicional argentino, sustentado en negociaciones centralizadas encabezadas por los gremios con personería gremial de cada actividad. Ese esquema les otorga la representación exclusiva de los trabajadores para firmar convenios colectivos y administrar las obras sociales.
Otro de los puntos sensibles de la reforma laboral es la modificación del régimen de cuotas solidarias, una de las principales fuentes de financiamiento de los sindicatos. La legislación fijó un tope del 2% sobre los salarios y estableció una vigencia máxima de dos años para esos aportes, condiciones que deberán contemplarse en las futuras negociaciones entre empresarios y gremios.
En el caso del Sindicato de Camioneros, la cuota solidaria vigente alcanza el 3%, una de las más elevadas del ámbito sindical. La conducción del gremio tenía previsto adecuarla al nuevo límite cuando se discutiera el próximo convenio colectivo de la actividad. No obstante, la aplicación de varios artículos de la Ley 27.802 quedó en suspenso para el convenio de Camioneros luego de que, el 1 de julio, el juez laboral Herman Mendel dictara una medida que frenó la implementación de esas disposiciones y de parte de su decreto reglamentario, preservando así el actual esquema de financiamiento del sindicato.