El gobernador electo, Alfredo Cornejo, quiere declarar la emergencia fiscal en la provincia y ante esta noticia los gremios expresaron su malestar. La iniciativa se presentó en la Cámara de Diputados el pasado 28 de octubre y a través del artículo 1 se busca declarar la emergencia por 36 meses. De esta manera el proyecto entró antes del vencimiento del periodo ordinario de sesiones y por lo tanto podrá ser tratado durante el periodo extraordinario. 

Desde hace tiempo los gremios vienen advirtiendo que Cornejo apunta a realizar un “ajuste” con los trabajadores. Ante esto, desde ATE, Roberto Macho, expresó su malestar y aseguró “le están dando un superpoder para manejar la caja del Estado”.

Según expresó el gremialista, de aprobarse esta ley, el gobernador electo tendrá vía libre para manejar los recursos, para hacer compras directas sin llamar llamar a licitación, congelar salarios y abandonar la paritaria y dar aumentos por decreto. “Puede cortar el derecho de las paritarias de los trabajadores, pueden hacer muchas cosas graves”, advirtió.

Además desde ATE afirman que Cornejo tendrá su presupuesto con el dinero para sueldos y para saldar las deudas con los trabajadores, por lo que no ven necesaria la aprobación de ese proyecto de ley.

También el titular de SITEA, Víctor Dagfal, manifestó su disconformidad con el proyecto enviado y aseguró que si se aprueba se le otorga la “espada de Heman a Cornejo” y se refirió al temor que reina entre los trabajadores estatales ante la posible sanción de la ley.

“Al ser tan amplia puede ser cualquier cosa, se pueden desarmar sectores, trasladar personal y realizar modificaciones que afecten los derechos delos trabajadores basándose que estamos en crisis”, añadió Dagfal. Además el gremialista afirmó que en “charlas informales” desde la gestión entrante les solicitaron que no pidan más del 25% de incremento salarial.

Desde el radicalismo argumentaron la necesidad de la norma y señalaron que buscan tener instrumentos financieros para “equilibrar la provincia”. Tras las declaraciones de los gremios, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés volvió a defender la presentación del proyecto y aseguró que “en ningún lado la ley dice que se puedan suspender las paritarias”.

“No sé si los gremios hablan desde la ignorancia porque no han leído o si hablan desde la mala intención, ¿qué hay que esperar para declarar la emergencia?, no sé en qué provincia viven”, se preguntó. Otro de los cuestionamientos fue en referencia a los 36 meses que se declara la emergencia económica y en torno a eso el legislador explicó que los plazos “son negociables en el ámbito legislativo”.

El comunicado de ATE: 

“Por tres años el Poder Ejecutivo pretende contar con un blindaje  para manejar en forma absolutamente discrecional, evadiendo todos los controles, los recursos que todos aportamos al presupuesto provincial”, señala el comunicado

Además agrega que “resulta grave que quienes hasta ayer cuestionaban los artículos de emergencia económica en el presupuesto nacional (aduciendo que en un gobierno democrático esto otorga impunidad y falta de controles en el Gobierno nacional) hoy borran con el codo lo que expresaban y buscan legalizar herramientas de discrecionalidad en el manejo del poder que violan preceptos elementales de la vida democrática y de la propia Constitución Provincial y Nacional”.

Tal como lo expresó Macho, agregan que se trata de “endeudamiento caro que pagaremos todos; suspensión de todos los ámbitos democráticos reconocidos por los Pactos Internacionales y la Constitución Nacional como las paritarias; evasión de controles y de mecanismos de rendición de cuentas; impunidad para acordar pagos; no pagos o sobreprecios; otorgamiento de favores impositivos a los grupos económicos amigos; y hasta la posibilidad de suspender mecanismos licitatorios para avanzar en los negocios de los amigos privados con el Estado. Todo cabe en el proyecto de ley enviado a la Legislatura Provincial”.

Ante esta situación el gremio más combativo exigió al gobierno actual la rendición de cuentas al gobierno que se va y además se oponen al “aumento de la corrupción y a la impunidad en el manejo del Estado”.