De a poco, el gobernador Alfredo Cornejo está llevando adelante cambios en el Ministerio de Seguridad impulsando políticas que responden a su estilo. Fuentes oficiales de la cartera confirmaron que están evaluando que los policías que pierdan su arma, en situaciones ajenas a su trabajo en la fuerza, se hagan cargo y las paguen. 

Actualmente, los efectivos eran sancionados en caso de extravío o bien se iniciaba un sumario de investigación, pero en la cartera que conduce Gianni Venier buscan que los efectivos sean más “responsables” y que se eviten este tipo de situaciones. La modificación que se realizó la Ley Orgánica de la Policía 6.722 estableció que el extravío de un arma reglamentaria puede ser una causa de suspensión de  35 días a 60 o bien establece la posibilidad de cesantía.

Sin embargo, con el cambio que se impulsa además de las sanciones, el policía deberá pagar el arma. Actualmente, una pistola 9 milímetros del tipo que utilizan un efectivo mendocino tiene un valor de mercado que oscila entre los 7.000 y los 10.000 pesos. 

Sobre esto opinó el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, Mario Díaz, quien no estuvo de acuerdo sobre la exigencia de que los policías paguen sus armas en caso de extravío. “Eso sería retroceder, lo que busca el Gobierno es volver a tener hegemonía y poder absoluto sobre la fuerza”, advirtió. 

Algo similar sucederá con los móviles policiales. La nueva gestión encontró una gran cantidad de patrullas que estaban averiadas. Si bien la norma sanciona la “negligencia en la conducción de vehículos” de igual manera que el extravío de un arma, desde Seguridad apuntan a designar a un responsable por móvil para que se haga cargo de las distintas situaciones.

De todas maneras, con las “patrullas inteligentes” que licitarán se podrá tener un control más exhaustivo de estas situaciones ya que cuentan con cámaras en el interior.

Con estas medidas, Cornejo apunta a que los efectivos tengan “una conducta y una actitud responsable” con los elementos de trabajo teniendo en cuenta el estado en que encontraron los autos cuando asumió la nueva gestión.

Actualmente, la flota está compuesta por 1.250 móviles, incluyendo los de Policía Científica e Investigaciones, entre otros, de los cuales alrededor de 1.100 están patrullando. Cuando comenzó la gestión, de esos 1.100 unos 500 estaban rotos y no funcionaban, es decir que habían unos 600 en condiciones de patrullar.

Hoy, desde el Ministerio de Seguridad están abocados a la reparación de los autos y este momento hay unos 750 móviles en la calle, mientras que en reparación hay en promedio 80 vehículos que entran y salen de los talleres. El problema es que encontraron 200 autos que no sirven más por eso el apuro en licitar la compra de 120 patrullas nuevas.

El subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, indicó que al iniciar la gestión encontraron un parque automotor “muy deteriorado” pero de a poco han ido reparando los vehículos para tener mayor presencia policial en las calles.

Otro inconveniente que encontraron en la demora para poder reparar los móviles. A veces por la rotura de un freno un vehículo estaba cinco días parado. El problema que había es que resultaba difícil encontrar talleres porque el Estado paga a 30 o 60 días.

Este “deterioro” de la flota de vehículos se notaba en algunos departamentos donde por ejemplo de 23 móviles solamente había 9 funcionando.

Es por eso que ahora el Ministerio de Seguridad otorgará 10.000 pesos mensuales a los jefes departamentales para poder arreglar las roturas de menor envergadura, según adelantó Majul, y de esa manera se podrán agilizar las reparaciones para que en un día los móviles vuelvan a patrullar.

Estas iniciativas forman parte de la batería de cambios que pretende realizar el gobernador en el ámbito de la seguridad, que van desde la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad  y el Defensor del Policía, hasta el proyecto que envió sobre las prisiones preventivas.

Además, se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía, endureciendo los requisitos de ingresos, y ya tiene media sanción en el Senado el proyecto que deja con mayoría al oficialismo en la Inspección General de Seguridad (IGS).