En Mendoza, donde el agua nunca sobra, un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados propone algo tan básico como disruptivo: dejar de “tirar” la lluvia hacia las acequias y empezar a guardarla.
La iniciativa, presentada por el diputado Gabriel Vilche (Unión PRO), parte de un diagnóstico conocido: la provincia tiene un régimen de precipitaciones bajo. En ese contexto, plantea aprovechar cada evento de lluvia, por pequeño que sea, para aliviar la demanda sobre el sistema de agua potable.
Hoy, el esquema urbano está pensado para lo contrario. Cuando llueve, la prioridad es evacuar rápido el agua para evitar anegamientos. El proyecto no elimina esa lógica, pero intenta complementarla: captar una parte, almacenarla y usarla después en tareas que no requieren agua tratada, como el riego, la limpieza o las descargas sanitarias.
Estado, empresas y viviendas
La obligación recaería primero sobre el propio Estado. Toda nueva obra pública debería incorporar sistemas de captación y reserva. No es un detalle menor: implica modificar criterios de diseño en escuelas, hospitales y edificios administrativos, con un costo inicial que todavía no está cuantificado en el texto.
El segundo foco está en los privados de gran escala. Centros comerciales, naves industriales y desarrollos urbanos con amplias superficies impermeables tendrían que instalar mecanismos de retención o filtrado. En algunos casos, para reutilizar el agua; en otros, al menos para evitar que una tormenta descargue de golpe sobre un sistema aluvional que suele trabajar al límite.
En tanto, para promover la adopción voluntaria en viviendas particulares, el artículo 4 del proyecto propone un esquema de beneficios económicos denominado “Mendoza Sustentable”. Incluye beneficios fiscales (descuentos de entre el 10% y el 15% en el Impuesto Inmobiliario para propietarios con sistemas certificados) y apoyo financiero (acceso a líneas de crédito destinadas a la adquisición de tanques y tecnología de filtrado).
La letra chica del proyecto
“Mendoza se encuentra en una zona semidesértica con un promedio de precipitaciones
anuales de 220 mm. El modelo actual de drenaje busca ‘evacuar’ el agua de lluvia lo
más rápido posible para evitar inundaciones. Este proyecto propone un cambio de
paradigma: considerar el agua de lluvia como un recurso y no como un residuo. El
aprovechamiento in situ reduciría la presión sobre la red de agua potable y ayudaría a
la recarga de acuíferos”, señala el autor de la iniciativa.
El punto más delicado aparece en la letra chica. El uso de agua de lluvia abre riesgos si no se controla bien. Por eso, la iniciativa delega en organismos técnicos la definición de normas para evitar conexiones con la red potable, garantizar filtrado adecuado y prevenir la proliferación de mosquitos, un tema que dejó de ser menor en los últimos veranos.
El Departamento General de Irrigación (DGI) y el EPAS serán los organismos encargados de dictar las normas técnicas. El proyecto enfatiza tres condiciones críticas para la aprobación de los sistemas:
- Independencia de redes: prohibición absoluta de conexión con la red de agua potable para evitar la contaminación cruzada.
- Tratamiento de escurrimiento: inclusión de filtros de “primera escorrentía” para descartar el agua inicial de las tormentas, que suele ser la más contaminada.
- Control de vectores: garantía de impermeabilidad total en los depósitos para prevenir la cría de mosquitos, con especial énfasis en la lucha contra el dengue.
Ahí se juega buena parte de la viabilidad. Sin controles efectivos, el sistema puede volverse un problema sanitario más que una solución hídrica.
También aparece una tensión clásica: inversión inicial versus beneficio diferido. Los sistemas de captación tienen un costo que no todos los actores están en condiciones de absorber con facilidad, y su impacto —en una provincia de lluvias escasas— no es inmediato ni uniforme. Ahí se juega parte de la resistencia que puede encontrar la iniciativa.