El proyecto para eliminar las salas de la Suprema Corte ya está en la Legislatura y promete generar un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición, que ya anticipó su postura en contra de las intenciones del gobernador Rodolfo Suarez.

La iniciativa busca que las causas se sorteen para poder terminar con la “especulación” y lo que se conoce como el “fórum shopping” en el máximo tribunal.  

Ver también: Los tres cambios que reformarán a la Suprema Corte en medio de su grieta

Desde el Poder Ejecutivo afirmaron que están “abiertos” a aceptar cambios al proyecto “siempre y cuando no se modifique el espíritu de la ley”. En cuanto a los tiempos para darle tratamiento, el oficialismo aseguró que no hay fecha específica y la iniciativa comenzará a analizarse en comisiones la semana próxima.

Repercusiones negativas

El juez Omar Palermo mostró su “tristeza” por ver la “degradación institucional” que atraviesa la provincia.

“Es un proceso de degradación institucional indisimulable. Buscan manejar el Poder Judicial desde la política. Se instala un relato para que se tomen decisiones para controlar a quienes tienen el deber de controlar”, explicó el magistrado.

Es por eso que el ministro de la Corte apostó al diálogo y a llevar adelante políticas de Estado dentro de la Justicia, como fue el caso de la implementación de los juicios por jurado, proyecto impulsado por la oposición.

“La reforma encubre una decisión de poder. El trasfondo de esto no es el sorteo, el valor profundo pasa por quién controla la Corte que hoy no tiene independencia para nombrar un empleado. No se puede andar toqueteando las instituciones por razones políticas”, insistió Palermo.

En la misma línea que Palermo se expresó Mario Adaro, también perteneciente al ala filoperonista.

“Hoy se discute un modelo de gestión de la Corte entre cuatro paredes y entre tres personas”, señaló.

“Estoy de acuerdo en la mayoría del diagnóstico, pero cuando un proyecto empieza a agregar artículos desconfío, cuando es oscuro, desconfío”, deslizó el juez en declaraciones a LVDiez.

El magistrado se mostró a favor de los cambios para que las causas sean sorteadas, pero criticó el “autoritarismo oficial” y otros artículos de la normativa enviada, ya que consideró que se cambian cosas que están redactadas en la Constitución y se agregan cargos de equiparados a magistrados.

“Cuando un proyecto no se entiende es porque algo oculta, termina consolidando el autoritarismo, un modelo de cooptación. El problema no son lo dos artículos del sorteo, el problema es todo lo otro que se escribe”, concluyó Adaro.

Mientras que el ex juez del máximo tribunal, Alejandro Pérez Hualde, también fue crítico con este proyecto y consideró un “error” la reforma que pretende llevar adelante la gestión.

“Por un lado, los abogados eligen la Sala según la conveniencia política, en eso tienen razón, está muy bien hacer una norma para que las acciones sean sorteadas. No me parece bien convertirlas a todas en plenario, porque cada juez tiene un tiempo para contestar y así las cosas se resolverán el día del arquero a la tarde”, señaló Pérez Hualde.

Pero además, cargó contra la falta de independencia de la Suprema Corte.

“Es evidente la intención de llevar la coyuntura de hoy, 4 a 3 -a favor del oficialismo- a todos los rincones de la Corte. Siempre la mayoría fue radical, pero antes la Corte era independiente. Desde el nombramiento de María Teresa Day tienen mayoría automática. Se consolida con esto una falta de independencia”, insistió el ex magistrado, que también cuestionó que se “rompe” con la especialidad que actualmente tiene cada sala.

También salió recargada con críticas la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, que de algún modo adelantó la postura partidaria.

“Lo que no controlan, lo disuelven. El proyecto que envió el gobierno a la Legislatura implica lisa y llanamente lograr una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia”, expresó la senadora nacional.

Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia.

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 7, 2022

 Por su parte, el senador radical, Martín Kerchner, fue uno de los que salió en defensa de los cambios propuestos.

“Las disidencias son aceptables en la medida en que tengan efectivo positivo. El fórum shopping es una realidad. Debemos encontrar un punto de acuerdo. El criterio de ellos tiene que ser, antes de rechazar y transformar todo en un relato épico-político, pensar en lo que le hace falta a la gente que necesita justicia ciega, imparcial”.

Si bien no hay una fecha determinada de tratamiento, el proyecto ingresará el próximo martes a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para que comience su análisis. De todas maneras, el oficialismo necesita mayoría simple para aprobarlo y cuenta con los votos para darle luz verde.

Para entender, en la actualidad las causas se dividen en dos salas: Sala I, cuya competencia es Civil y Comercial y está integrada por Julio Gómez (de extracción peronista), por María Teresa Day y Pedro Llorente, magistrados afines al radicalismo. Mientras que en la Sala II, con competencia Laboral y Penal, están los filoperonistas, Mario Adaro y Omar Palermo, y José Valerio, que viene del seno radical.

En el caso de la Sala I, las demandas ingresan del 1 al 15 de cada mes, mientras que del 16 al último día del mes ingresan a la Sala II. Actualmente, el 75% de las denuncias entran por la Sala II con mayoría filoperonista. Es por eso que el Gobierno apunta a terminar con la “especulación” a la hora de presentar recursos judiciales y que se implemente el sorteo.