Rodolfo González, el jefe de los fiscales mendocinos, sumó su tercer pedido de juicio político por incumplimiento de los deberes en el marco de una denuncia por violencia de género. En rigor, la acusación apunta a un fiscal y a una ayudante de Guaymallén pero también al Procurador por ser la cabeza política de los dos funcionarios señalados. 

La denuncia parte de un caso de una agresión sufrida por una mujer en la municipalidad de Guaymallén en 2012, por parte de un funcionario de esa comuna. La víctima acudió a hacer la denuncia pero a partir de ahí, según su abogado Lucas Gómez Portillo, comenzó un proceso de revictimización a través del sistema judicial por varias irregularidades cometidas por funcionarios de la Unidad Fiscal de Guaymallén. 

Si bien la denuncia opta por no identificar a la empleada, como tampoco al agresor, hace foco en las actuaciones del fiscal Gonzalo Marzal y a la ayudante fiscal Miriam Núñez. 

Entre las irregularidades señaladas en la denuncia, se describe que los funcionarios judiciales no notificaron formalmente al agresor de la prohibición de acercamiento, lo que permitió que esta persona -según la denuncia- se acercara a la mujer en dos oportunidades, una de ellas, en la casa de la víctima, señalada en el escrito como “M”. 

Gómez Portillo sostuvo que la empleada municipal fue citada en varias ocasiones en la oficina fiscal sin fundamento, contrariando de esta manera a la ley de violencia de género. “La citan una barbaridad de veces, la hacían esperar horas, en una oportunidad la maltrataron y le causaron sufrimiento”, sostuvo el letrado. “M” recusó al fiscal Marzal, pero éste no aceptó el pedido.

En este punto, la denuncia toca a González, jefe de los fiscales mendocinos. Gómez Portillo señaló que la serie de irregularidades fue denunciada al Procurador de la Corte, pero que las consideró como “meras subjetividades” por lo que ordenó archivar la denuncia. 

“El -por González- toma conocimiento, es un síntoma de por qué el resto de los fiscales no actúa en consecuencia. No hay un respeto de la ley porque el jefe de los fiscales no le da importancia“, recalcó el abogado de la empleada municipal. 

En esa línea, cuestionó la política investigativa del Ministerio Público en relación con la inseguridad en Mendoza. “Entiendo que es una falla sistémica”, definió el abogado que pertenece a la agrupación de Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social. “Y todo esto tiene que ver con el Procurador“.  

Así, Rodolfo González suma su tercer pedido de juicio político, el segundo vinculado con la violencia de género -el primero fue presentado por la abogada Carolina Jacky-. Además de éstos, un funcionario judicial -Franco Palermo, hermano del juez de la Corte, Omar- por hostigamiento laboral.  

-Nota del redactor: en el margen superior, se encuentra la denuncia en PDF-.