El Gobierno, mediante un reciente decreto, puso un freno administrativo a las pretensiones de una alta oficial de la fuerza. Se trata del caso de una Comisario Inspector, que buscaba revertir la anulación de un adicional salarial por título que percibía desde el año 2021.
La disputa legal gira en torno a una resolución que originalmente le reconocía el derecho a cobrar un plus por ser Licenciada en Sistemas y Computación. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad y Justicia consideró que dicho beneficio fue otorgado bajo una norma dictada con “exceso de la facultad reglamentaria”, declarándolo lesivo a los intereses públicos.
La oficial interpuso un recurso de alzada para intentar recuperar el beneficio, pero el Gobernador, alineado con el dictamen de la Asesoría de Gobierno, rechazó la presentación por ser “formalmente improcedente”.
El argumento central del decreto se basa en la naturaleza de la declaración de lesividad. Según la normativa vigente (Ley N° 9.003), este acto no es una decisión final que revoque el derecho de forma directa, sino un paso legal obligatorio para que el Estado pueda ir a la Justicia a pedir que se anule un acto propio que considera ilegal.
“La declaración de lesividad es un presupuesto procesal; no tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación del proceso judicial“, detalla el dictamen de Asesoría de Gobierno citado en la norma.
¿Qué pasará ahora con el adicional?
Al confirmarse el rechazo del recurso jerárquico, el caso queda en una instancia donde la administración pública ya ha marcado su postura: el pago del título se considera ilegítimo.
Puntos clave de la resolución:
- Sin efecto directo: el decreto actual no quita el derecho de por sí, sino que ratifica que el Ministerio de Seguridad puede demandar la nulidad ante los tribunales.
- Vía judicial única: al ser una declaración de lesividad, será un un juez quien determine finalmente si existió ilegitimidad y si la comisario debe dejar de percibir el concepto o, eventualmente, devolver lo percibido.
- Sin más recursos administrativos: el decreto advierte que esta decisión ya no puede ser cuestionada mediante una acción procesal administrativa común, cerrando la puerta a más reclamos dentro del ámbito del Ejecutivo.
Este caso sienta un precedente sobre el control de los adicionales salariales en las fuerzas de seguridad y la rigurosidad con la que el Estado Provincial está revisando resoluciones de años anteriores que podrían estar afectando el erario público.