El Gobierno envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un Código Unificado de Edificación que regule de manera homogénea las obras públicas y privadas en todo el territorio provincial. La iniciativa, elaborada junto a los 18 municipios, busca establecer criterios técnicos comunes para la planificación, ejecución y control de construcciones, en un intento por terminar con las diferencias normativas que actualmente existen entre departamentos.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y propone fijar estándares mínimos obligatorios vinculados a seguridad estructural, habitabilidad, accesibilidad, sustentabilidad ambiental y eficiencia energética. También incorpora lineamientos relacionados con prevención de incendios, resistencia sísmica y condiciones técnicas de instalaciones, en una provincia atravesada históricamente por el riesgo sísmico y el crecimiento urbano desigual.
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La normativa establece procedimientos unificados para permisos de obra, responsabilidades profesionales, ampliaciones, reformas y fiscalización edilicia. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la dispersión normativa actual genera diferencias de criterios entre municipios y dificultades tanto para propietarios como para desarrolladores, empresas de servicios y profesionales del sector. Con el nuevo esquema, el Gobierno apunta a generar reglas “homogéneas, previsibles y transparentes” para todo el sistema de construcción en Mendoza.
El proyecto fue trabajado en mesas técnicas regionales que incluyeron representantes del Sur, el Este, el Valle de Uco y el Área Metropolitana, y se enmarca dentro de los principios de ordenamiento territorial fijados por la Ley Provincial 8051. Además, contempla la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial encargada de actualizar permanentemente el Código, incorporar nuevas tecnologías constructivas y coordinar criterios de aplicación junto a los municipios que adhieran a la norma.
La iniciativa también define que el Código será de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública Provincial e invita a los municipios a adoptarlo mediante ordenanzas locales, preservando sus competencias tributarias y de control. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o del organismo técnico que se designe en la reglamentación.