El Gobierno quiere modificar la legislación vigente relacionada con el trabajo de los presos dentro de las cárceles de Mendoza. El objetivo es actualizar el marco legal a una serie de acciones que ya se hacen y están vinculadas con explotar espacios destinados para que se instalen empresas. Buscan cambiar la lógica del trabajo desde una práctica más artesanal y de confección de partes a la instalación de complejos industriales que faciliten una capacitación laboral más diversa.
Básicamente, pretenden presentar una Ley de Trabajo Productivo a tratar en ambas cámaras, para reformar la legislación vigente contemplada en normas como la Ley 8.465 que incluye el Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y una reforma posterior en 2017, cuando se aprobó la Ley 8.971, que determinó la obligatoriedad del trabajo, aunque actualmente es de difícil aplicación.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, argumentó a El Sol que buscan modificar la concepción de trabajo como un simple medio para acceder a la progresividad de la ejecución de la pena, hacia una concepción de trabajo productivo que le permita a las personas privadas de la libertad generar certificaciones o conocimientos para acceder a un trabajo fuera de la cárcel.
“No es lo mismo que el trabajo productivo tenga que ver con elaborar un producto más artesanal a estar manejando una máquina industrial o haciendo un oficio. Buscamos que aprendan a manejar una máquina, a trabajar en un proceso productivo o logístico. Es totalmente distinto“, expresó.
Actualmente, el Sistema Penitenciario de Mendoza tiene a disposición 3.500 metros cuadrados dentro de las cárceles con depósitos para instalar industrias. Además de acuerdos con unas ocho empresas.
Esos convenios fueron firmados a pesar de que la legislación vigente no lo establece de manera taxativa y es uno de los puntos a los que apuntan: que la Ley les facilite un marco legal concreto para dar garantías a las empresas que quieran sumar sus industrias y contratar presos.
“Nos ha costado firmar los convenios porque requiere una logística del servicio y una protección especial, porque incorporamos máquinas en el servicio. Tenemos que darle un código normativo adecuado. Queremos generar criterios para las empresas que quieren venir colaborar“, dijo Rus.
Datos del trabajo dentro de las cárceles
Según datos oficiales, actualmente alrededor de 2.300 personas privadas de libertad realizan actividades laborales en el sistema penitenciario provincial. De ellas, 274 trabajan en unidades productivas vinculadas con empresas privadas. La producción incluye ropa de trabajo, calzado, papel higiénico y otros insumos.
Algunas de las empresas privadas que ya firmaron convenios son AgroBags, Akebia, Calzados Cuyo, Novolí, Rerda, Xinca, grupo LTN y Suavipack. Aportan la inversión, maquinaria, herramientas, materiales y capacitación. El Servicio Penitenciario aporta los espacios, los internos, organiza las actividades y garantiza las condiciones de seguridad.
El modelo funciona a través de la Unidad de Producción Penitenciaria que incluye talleres propios y espacios operados por las empresas. El sistema combina trabajo, capacitación laboral y la posterior comercialización de los bienes elaborados. En 2026 se han generado operaciones comerciales por alrededor de 400 millones de pesos.
Parte de esa producción abastece a organismos del Estado provincial a través del Catálogo de Oferta Permanente de la provincia, que opera el Servicio Penitenciario. Entre los organismos que ya compraron productos figuran los hospitales Notti, Lagomaggiore, Luis Chrabalowski y Gailhac, el Servicio Coordinado de Emergencias, la Dirección General de Policía y el Registro Civil, municipios, Iscamen, y otras instituciones provinciales.
Aproximadamente $373 millones son ventas realizadas por distintos canales y otros $27 millones mediante este catálogo.
De hecho, lo producido sirve para el propio Sistema Penitenciario: fueron reclusos los que elaboraron en Almafuerte I los uniformes que serán usados para otros presos de máxima seguridad y que ya estrenaron quienes tomaron como rehén a un penitenciario el martes.
La producción comercializada incluye ropa de trabajo por $295.490.000, papel higiénico y otros insumos de este tipo por $59.731.000 y calzado por $46.800.000.
La cuestión de los sueldos en debate
La Ley 8.971, que fue aprobada en 2017 con un tratamiento exprés denunciado en su momento por los legisladores de la oposición, modificó aspectos vinculados con los derechos laborales de los presos.
Según la normativa vigente, hay dos tipos de remuneraciones por el trabajo. Si la organización está a cargo de una empresa privada, se les reconoce a los internos el derecho a una remuneración equivalente al salario de la vida libre correspondiente al mismo trabajo. Si la organización del trabajo corre por cuenta del Estado se elimina el concepto de salario y el interno pasa a percibir una suma de carácter no remunerativo, denominada peculio.
Si una empresa estructura su operación dentro de la cárcel para explotar las intalaciones y contratar personal dentro de la población carcelaria, se deben reconocer los derechos laborales previstos en la ley. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario señalaron que el foco está puesto en ampliar el acceso a las instancias de capacitación laboral, lo que eventualmente permitirá generar una mejor reinserción. Por ende, garantizar salarios equivalentes a los convenios colectivos de cada sector incrementarían los costos al Servicio Penitenciario y las empresas que pretenden invertir en las cárceles. “Es un desincentivo“, sugieren. Esto podría reducir la cantidad de presos alcanzados.
La idea dentro del Gobierno es modificar el trabajo y, en cualquier caso, ampliar la cantidad de internos alcanzados. Pero, para operar, una empresa no podrá invertir en un contexto de sobrecontratación. Resta conocer si el proyecto que está todavía en desarrollo introducirá modificaciones relativas a eso.