El Ejecutivo ingresó este viernes a la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar y actualizar el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) en toda la provincia.
La propuesta elaborada por el Ministerio de Energía y Ambiente plantea la creación de un Sistema Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el objetivo de establecer principios rectores comunes, criterios técnicos uniformes y herramientas de planificación articuladas entre los 18 municipios.
El proyecto contempla la regionalización de la gestión, dividiendo el territorio en cuatro zonas (Metropolitana, Este, Centro y Sur) y la conformación de consorcios interjurisdiccionales para coordinar acciones, optimizar recursos y compartir infraestructura. Además, cada municipio deberá elaborar su propio Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIRSU), en sintonía con el plan provincial.
“Esto no es un trabajo burocrático ni de escritorio. Es fruto de la consulta directa con los equipos de ambiente. Actualizamos el diagnóstico de situación y adaptamos el plan a las realidades actuales: desde el crecimiento demográfico hasta los desafíos en ordenamiento territorial e inversión en infraestructura”, enfatizó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, al ingresar el proyecto por Mesa de Entradas del Senado junto a la vicegobernadora, Hebe Casado y la senadora provincial, Yamel Ases.
Cambios en el marco normativo
El proyecto reemplaza a la Ley 5970 y se articula con leyes nacionales como la 25.916 y la 25.675. Establece al Ministerio de Energía y Ambiente como autoridad de aplicación, con funciones que incluyen la elaboración de políticas provinciales, asistencia técnica a los municipios, control ambiental y generación de reportes de trazabilidad y cumplimiento.
También define la creación de un Fondo de Gestión de Residuos, que se financiará con partidas presupuestarias provinciales, tasas específicas GIRSU, multas ambientales y recursos provenientes de causas judiciales por pasivos ambientales. Estos fondos podrán destinarse a obras de infraestructura, equipamiento y apoyo financiero a los gobiernos locales.
En cuanto al marco sancionatorio, el proyecto contempla inspecciones, auditorías y denuncias ciudadanas, con un régimen de sanciones que incluye multas, clausuras, suspensión de actividades y decomiso de vehículos. También se prevé la posibilidad de conmutar sanciones por proyectos de recomposición ambiental o capacitación.
Erradicación de basurales y trazabilidad
Uno de los objetivos centrales del proyecto es la erradicación de los basurales a cielo abierto. En un plazo máximo de un año desde la aprobación de sus planes municipales, los gobiernos locales deberán presentar medidas para el cierre y remediación de estos sitios, así como mecanismos de control para evitar su reapertura.
El texto también introduce el concepto de trazabilidad obligatoria de los residuos, a través de una plataforma digital que deberá ser implementada por la autoridad provincial. Este sistema permitirá el seguimiento de todo el ciclo de los RSU, desde su generación hasta su disposición final.
Inclusión de recuperadores y economía circular
El proyecto incorpora medidas para la formalización y fortalecimiento del trabajo de los recuperadores urbanos, quienes deberán ser integrados a los sistemas municipales mediante planes de inclusión social. Se promueve, además, la creación de centros tecnificados de economía circular, que podrán ser gestionados por el Estado o por actores privados autorizados.
Por último, la ley establece la obligación de desarrollar programas educativos y campañas de concientización sostenidas, tanto por parte del Ministerio como de los municipios, con foco en separación en origen, compostaje, consumo responsable y participación ciudadana.