El Gobierno adelantó que hará dos modificaciones a la ley de reforma minera, luego de que el proyecto fuera discutido en comisiones de la Cámara de Diputados en la mañana de este jueves. La iniciativa recogió algunos cuestionamientos de cámaras empresarias.

El análisis de la reforma del Código de Procedimiento Minero, enviada por el Ejecutivo, se realizó en el anexo ubicado en calle Espejo y, como particularidad, tuvo una fuerte presencia policial. Para el debate en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Economía se hicieron presentes diferentes organizaciones ambientales como también referentes o cámaras del rubro de la minería.

La discusión duró cerca de tres horas en las que el sector empresario, especialistas en minería y dirigentes de organizaciones ambientales manifestaron al oficialismo sus inquietudes.

El debate se centró en dos artículos claves del proyecto: la eliminación del Consejo de Minería y el otorgamiento a Impulsa Mendoza de los 700 expedientes mineros, según datos del Gobierno, que se encuentran archivados o sin tratamiento para su exploración o explotación.

El principal argumento del Ejecutivo para eliminar el Consejo minero es porque lo consideran “obsoleto”. Las funciones de este ente pasarían a estar bajo de la órbita de la Dirección de Minería a cargo de Jerónimo Shantal.

En el caso de Impulsa Mendoza, cuyo titular es Emilio Guinazú Fader, el objetivo apunta a que la empresa estatal sea la encargada de llamar a licitación de todos los expedientes mineros que cuenta el Ejecutivo y que todavía no están llevándose a la práctica.

Los presidentes de las comisiones Franco Ambrosini (LAC) y Guillermo Mosso (Economía) señalaron que los artículos cuestionados están abiertos a modificaciones siempre y cuando presenten una propuesta formal para el próximo plenario convocado para el martes de la semana que viene.

Por lo pronto, el oficialismo acordó la continuidad del Consejo Minero y las nuevas funciones que va a cumplir en el futuro. Por ende, el Ejecutivo va a reformular el artículo 4 que pretendía la eliminación del Consejo Minero y agregará las nuevas tareas a la Dirección de Minería, que serán de supervisión y realización de informes.

También será el Tribunal de Alzada, que es el ámbito para debatir aquellos proyectos que sean rechazados. Minería, por otra parte, será el órgano consultivo del ente.

El Consejo estará conformado por el director de Minería y cinco representantes de diferentes aéreas como de geología, académico, legal y empresarios.

Las críticas

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, alegó que están de acuerdo en que “haya una renovación en el código”, pero cuestionó que “este proyecto tiene como fin que la minería en Mendoza quedé en manos dos personas para manejarlas por los próximos cinco años”. Ferrer hacía referencia a Shantal y Guiñazú.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, Raúl Rodríguez, valoró la postura receptiva del Ejecutivo sobre los cuestionamientos contra el proyecto, pero recalcó que “no fuimos convocados en el momento de su redacción” de la iniciativa.

Rodríguez se mostró a favor de que continúe el Consejo Minero porque es una “herramienta eficiente para alcanzar los objetivos que dice el proyecto como es su modernización, transparencia e institucionalidad, que apoyamos”.

Con respecto a las facultades que le otorgarán a Impulsa Mendoza, Rodríguez remarcó que el problema del artículo 38 se encuentra en la redacción. “Está mal planteada y nuestra objeción es constitucional y no política. Creemos que este proyecto tiene que estar bajo una ley superior como es la de Minería”, sostuvo el abogado especialista en derecho minero.

La puerta abierta a más cambios

“Las inquietudes fueron presentadas en un marco de racionabilidad de todas las partes y valoramos esa actitud porque habla del consenso que buscamos para la aprobación de esta ley”, expresó posteriormente Ambrosini.

Frente a los reclamos del artículo 38 que le otorga la prioridad a Impulsa Mendoza de que sea la responsable de administrar los proyectos mineros que están inactivos, el oficialismo dejó la puerta abierta a futuros cambios siempre y cuando se presenten propuestas superadoras.

“Con respecto a la delegación o esa prioridad a Impulsa Mendoza, nosotros estamos tomando modelos de otras provincias que se han utilizado y han sido exitosas. Estas permiten eliminar la burocracia y el negocio inmobiliario dentro de las propiedades mineras para darle atribución y esa prioridad a  Impulsa Mendoza que es una Sociedad del Estado”, explicó Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.