El ministro de Infraestructura de la provincia, Francisco Pérez, secundado por los titulares de bancada de los bloques oficialistas de ambas cámaras legislativas, afirmó que la negativa de los regantes sureños a la realización de la obra que establece la impermeabilización del río Atuel obedece al desconocimiento de los detalles del proyecto.

LA EXPLICACIÓN.

    Pasados algunos minutos de las 18 de ayer, en el séptimo piso de la Casa de Gobierno el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, junto a Carlos Bianchinelli, titular de la bancada justicialista en la Cámara de Diputados, y su par Luis Ruzo, jefe de los senadores peronistas, dio algunas precisiones sobre un proyecto que de antemano está generando polémica. Se trata de una obra que fue ratificada el jueves durante la visita de la presidenta Cristina Kirchner y que establece destinar unos 600 millones a obras de mejoramiento hídrico sobre el caudal del río Atuel.

    Concretamente, las obras de las que habla el convenio marco avalado por la Nación son: impermeabilización del río Atuel, continuidad en las obras de mejoramiento de sus marginales, trasvase del Atuel al río Grande y reubicación de la megaobra Portezuelo del Viento. “Acá nada se ha hecho en secreto, todos saben que se trata de un anhelo de muchos años y que representa una oportunidad histórica para mejorar el aprovechamiento del río para los regantes. Jamás haríamos algo que pudiera perjudicar a los mendocinos”, enfatizó Francisco Pérez, ministro de Infraestructura.

LA POLÉMICA.

    El problema surgió a raíz de que, de acuerdo con lo que establece la Justicia, al ser el río Atuel de jurisdicción compartida con la provincia de La Pampa, el ahorro hídrico que se obtenga con estas obras debe ser igualmente repartido. Los regantes de General Alvear reclaman que desconocen a partir de qué momento se le comenzaría a entregar agua a La Pampa. “El agua a La Pampa, según lo establece el convenio firmado con la Nación, comenzará a enviarse una vez finalizada la obra”, aseguró Pérez. “Igualmente, la Justicia no nos obliga a entregarles agua en situación de crisis.

     Esto es, de acuerdo a lo firmado, luego de que se hagan los estudios técnicos pertinentes para saber realmente cuál va a ser el ahorro –en algún momento se hablo de 10 metros cúbicos por segundo, pero esto se dijo en los meses de diciembre y enero, que es cuando la cota está al máximo, pero no siempre es así–. Primero se debe garantizar la ampliación de 50.000 hectáreas regadas a 75.000 en nuestra provincia, y del excedente darle a La Pampa 50%. De ninguna manera le vamos a dar el agua de los mendocinos a La Pampa, eso es una locura”, aseveró el ministro.

EL PROCESO.

   Así, por el momento, el camino del expediente será, primero, enviarlo a la Dirección General de Irrigación para que esta priorice las obras a realizarse; luego, que establezca de cuánto ahorro se está hablando; posteriormente, volverá al Ejecutivo, donde lo analizará la Asesoría Legal y la Fiscalía de Estado, para pasar después al cuarto piso para la redacción del decreto y, finalmente, llegaría a la Legislatura para su ratificación definitiva.