El Gobierno avanza en la etapa final del proyecto de reforma integral del Código Penal, cuyo texto supera los 900 artículos y apunta a modernizar la ley vigente desde 1921 mediante un endurecimiento de penas y la reducción de márgenes de discrecionalidad judicial.
En la mesa chica de legales —integrada por Santiago Caputo, Macarena Alifraco, María Ibarzabal Murphy, Sebastián Amerio, Patricia Bullrich y Fernando Soto— se ajustan los lineamientos antes del envío al Congreso.
La iniciativa incorpora aumentos de penas para homicidios, robos, narcotráfico, explotación sexual infantil y trata, y propone el cumplimiento efectivo en el 82% de los delitos. También prevé nuevos agravantes según la edad y condición de la víctima y la tipificación de figuras vinculadas a violencia digital y abusos en ámbitos familiares, con el objetivo declarado de fortalecer la política criminal del Ejecutivo.
El proyecto, que será enviado a Diputados durante las sesiones extraordinarias, evita finalmente la imprescriptibilidad de delitos de corrupción por inviabilidad jurídica y excluye la derogación del femicidio, pese a sectores del oficialismo que cuestionan su enfoque.
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En paralelo, contempla sanciones más severas para funcionarios condenados, incluida la pérdida de jubilaciones de privilegio. La Casa Rosada sostiene que la reforma busca “cumplimiento efectivo” de las penas, acelerar los tiempos judiciales y cerrar la etapa de lo que denomina “doctrina zaffaronista”.
La administración libertaria descarta introducir cambios derivados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: la despenalización vigente se mantendrá y persistirán artículos del Código de 1921, que ya quedaron sin aplicación. En materia parlamentaria, el oficialismo evalúa impulsar una comisión bicameral para acelerar el dictamen y minimizar modificaciones durante el debate legislativo.
La idea genera resistencia interna, aunque la nueva correlación de fuerzas tras las elecciones de medio término —con La Libertad Avanza convertida en primera minoría y con aliados circunstanciales— mejora las expectativas del Gobierno para avanzar.
El reacomodamiento en Diputados, tras la salida del bloque peronista de los legisladores referenciados en el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y el pase de Francisco Morchio al oficialismo, consolidó una bancada de 95 diputados para La Libertad Avanza.
Con 46 comisiones por conformarse y la posibilidad de presidir una proporción mayor, el Ejecutivo confía en que el clima político facilitará la aprobación del paquete penal. Mientras tanto, la mesa legal espera cerrar la redacción final antes del próximo encuentro político en Casa Rosada.
Con información de Infobae.
