El Poder Judicial de Mendoza atraviesa un nuevo conflicto en materia sindical y, esta vez, tiene como protagonistas a quienes integran el Cuerpo Médico Forense. No es novedad que el gremio de Empleados Judiciales mantiene una tensa relación con las autoridades en lo que respecta a la discusión paritaria, aunque en esta ocasión se trata de una pelea que lo enfrenta a la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza.

Ocurre que una porción del Cuerpo Médico Forense adhirió a las consignas de Empleados Judiciales y realizó un paro los días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. La particularidad en este enfrentamiento es que se generó ruido interno debido a que este sector no parita por Empleados Judiciales, sino por el sindicato de Funcionarios Judiciales. La relación entre ambos sindicatos ha sido volátil: en general, han estado enfrentados, pero también han coincido con paros en el Poder Judicial.

Desde el gremio de los Funcionarios a cargo de Jorge Lucas deslizaron una acusación a los profesionales del CMF por “abandono de trabajo” -por unirse a un paro de otro sindicato-, lo cual generó aún más malestar. “No existe posibilidad de cesantía y tampoco es la primera vez que los que no paritan se acoplan”, detallaron fuentes vinculadas a los empleados.

El principal reclamo, según pudo reconstruir El Sol, es que se cree un nuevo convenio colectivo de trabajo y que, además, se separe a los profesionales forenses para que dejen de ser equiparados como secretarios de Juzgados de Paz en lo que refiere a categorías. A su vez, insisten en que se reconozca al forense en un área del Poder Judicial y que se considere el trabajo como insalubre, para así tener beneficios como jubilación anticipada. La insalubridad ya había sido un tema acercado al Ejecutivo, pero que terminó rechazado. Únicamente se añadió un ítem riesgo.

La batalla gremial en Tribunales

A través de una serie de flyers compartidos, desde la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza se pronunciaron en contra de la decisión adoptada por los forenses al asegurar que “el derecho de huelga es colectivo y no individual” y que “adherir a un paro decretado por un gremio que no me representa es abandono de trabajo, aún si no estoy afiliado a mi gremio“.

En simultáneo, desde Empleado Judiciales sostuvieron en un comunicado que “un gremio que intenta deslegitimar una medida de acción directa, además de carecer de toda representatividad, ha equivocado el rumbo, alternando el objeto y la razón de ser de un sindicato, que es la defensa de los intereses de los trabajadores que nuclea y no la persecución con la amenaza de padecer perjuicios en relación a su condición de empleado judicial, circunstancia que ni siquiera resulta admisible en cualquier empleador y mucho menos un empleador del Sector Público como lo es el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza”.

Desde el sindicato conducido por Ricardo Babillón también ponen como ejemplo lo sucedido en 2024 cuando se desarrollaron jornadas de paro en oficinas fiscales. Esgrimen que, en ese entonces, también había personal no afiliado a Empleados Judiciales que apoyó las consignas planteadas.

Aunque, cuentan allegados al sector de Funcionarios, “no se puede fingir demencia” cuando el sueldo se discute en otra mesa paritaria, por más que haya desacuerdos en términos políticos.

Descuentos y hasta posibles sanciones por la medida de fuerza

Según fue comunicado desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal, durante el paro los servicios esenciales estuvieron cubiertos. Asimismo, se hará el descuento para aquellos que realizaron la medida y se aplicarán sanciones administrativas, si así lo disponen.

Durante el paro concurrieron a su puesto de trabajo ocho médicos y dos psicólogos, además de los secretarios y todo el personal de laboratorio (a excepción de una técnica). Se ausentaron siete peritos.

Desarrollaron su labor los peritos de necropsia de forma activa a través de los cuatro jefes: director, supervisor técnico, jefe de morgue y jefe de necropsia. Por último, el laboratorio de huellas genéticas no tuvo adhesión.