El diputado provincial Franco Ambrosini, junto a su par Mauricio Torres, ambos del bloque de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Constitución de Mendoza para incorporar el principio de Ficha Limpia como requisito constitucional para acceder a cargos públicos.
La propuesta plantea reformar el artículo 51 de la Carta Magna provincial con el objetivo de impedir que personas condenadas penalmente por delitos graves puedan ser candidatas o ejercer funciones en el Estado, incluso cuando las sentencias no estén firmes.
La iniciativa propone declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución, en los términos del artículo 223, para incorporar una cláusula de inhabilitación permanente que refuerce el principio de idoneidad exigido a los funcionarios públicos.
Según el texto, “las personas que se encuentren condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”, no podrán presentarse como precandidatos o candidatos a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser designadas para ejercer funciones públicas.
El artículo reformulado especifica un amplio listado de delitos que implicarían la inhabilitación. Entre ellos, se incluyen los delitos contra la administración pública —como malversación, cohecho o enriquecimiento ilícito—, los delitos contra el orden económico y financiero, los delitos contra las personas, los delitos contra la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, y los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.
En los fundamentos del proyecto, se señala que la propuesta busca dar un paso institucional más allá de la legislación vigente, en referencia a la Ley 9281, que ya impone restricciones a los condenados por determinados delitos para ser candidatos. “Esa ley fue un avance significativo, pero al tener rango legal, puede ser modificada o derogada con facilidad, abriendo la puerta a que las exigencias sean flexibilizadas. Por eso proponemos su constitucionalización, para que se convierta en un principio inamovible”, señala el documento.
Además, se subraya que esta reforma tiene como propósito consolidar un estándar ético más alto en la función pública. “La ética en el sistema republicano exige que quienes pretendan acceder a funciones de gobierno no se encuentren cuestionados o condenados penalmente por delitos graves. Es una garantía republicana ineludible que asegura la idoneidad”, expresa el texto de los fundamentos.
La propuesta también reivindica el rol de Mendoza como pionera en políticas de transparencia y control de la corrupción. “Nuestra provincia ha sido un ejemplo en materia institucional y anticorrupción. Incorporar la Ficha Limpia a la Constitución no solo refuerza ese liderazgo, sino que envía un mensaje claro: en Mendoza, la honestidad será un requisito constitucional para ejercer cargos políticos”, enfatiza el documento.
El proyecto cita además los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097). Según sus autores, la reforma es coherente con estos tratados y fortalece el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de prevención y sanción de prácticas corruptas.
En su artículo segundo, la iniciativa dispone que el pueblo de la provincia de Mendoza sea convocado a expresar su posición mediante el voto en ocasión de las próximas elecciones de diputados provinciales. De ese modo, la ciudadanía deberá aprobar o rechazar la reforma constitucional mediante un referéndum vinculante, tal como lo establece el procedimiento provincial para este tipo de modificaciones.