Este domingo, seis departamentos mendocinos (Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) transitaron una jornada electoral marcada por la apatía. El panorama en las escuelas habló por sí solo: una escasa afluencia –apenas el 47% del padrón asistió a las urnas- que expone el agotamiento de un sistema que puede obligar a los ciudadanos a votar hasta seis veces en un año para que los intendentes no sean víctimas del famoso “efecto arrastre” nacional.
Y, en este caso, con la excusa de elegir puestos prácticamente desconocidos en el día a día: concejales. Si ya cuesta que las personas identifiquen a sus intendentes, diputados y/o senadores, ¿qué queda para los ediles de los que nada se sabe?
La factura del desdoblamiento: $5.500 por cada voto
Según confirmó la Junta Electoral de Mendoza, la logística y la impresión de boletas para este domingo demandaron $2.736 millones. El costo promedio por cada elector habilitado fue de $5.538,13, una cifra que deben cubrir íntegramente las comunas que decidieron separar sus comicios.
El desglose por departamento refleja el peso financiero de la decisión:
- San Rafael: $856.133.978,57
- Maipú: $852.567.422,85
- Luján de Cuyo: $638.878.676,80
- Rivadavia: $254.715.213,09
- Santa Rosa: $81.465.892,30
- La Paz: $52.235.642,16
Otro dato a tener en cuenta: dos comunas optaron por desdoblar para no tomar riesgos y aún así los oficialismos de estos territorios -San Rafael y Rivadavia- vieron la derrota.
¿Por qué se votó en febrero?
La realización de estos comicios en pleno febrero es un capricho, pero amparado legalmente: responde a la Ley N° 8967/17. En su Artículo 85, la norma establece un cronograma rígido para quienes eligen el camino del desdoblamiento:
“Los municipios que realicen sus elecciones generales separadas de las provinciales, deberán llevar a cabo las mismas el primer domingo del mes de septiembre, cuando corresponda la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo municipal; y el último domingo de febrero, en el caso de las elecciones del Poder Legislativo municipal exclusivamente, del año de la renovación”.
La misma ley aclara que, en estos supuestos, los municipios “asumirán el costo económico total de realización de las mismas”, debiendo convenir con la Junta Electoral el modo de integrar el pago. Este marco legal es el que hoy “atrapa” a los departamentos en una fecha que, a la luz de la baja participación, parece desconectada del interés general.
Multas irrisorias frente a un gasto enorme
Argentina sostiene la obligatoriedad del voto, pero el sistema de sanciones es un anacronismo. Quien no asista este domingo enfrentará multas de $50 (primera infracción), hasta un máximo de $500 a partir de la quinta falta.
Comparar una sanción de $50 con el costo de $5.538 que el Estado gasta por ese mismo elector deja en evidencia el divorcio entre la carga pública y la penalidad por incumplirla. Aunque el infractor quede asentado en el Registro, el efecto disuasivo es nulo.
El proyecto para terminar con esta “maratón”
En este contexto, cobra fuerza el proyecto del diputado provincial Gustavo Cairo, quien propone la “prohibición de desdoblamiento de elecciones municipales cuando sólo se renueven concejales”. La iniciativa es clara: cuando solo se elijan concejales, las elecciones deben ser obligatoriamente conjuntas con las provinciales.
Cairo fundamenta su propuesta en la necesidad de evitar la “saturación” del ciudadano: “Considerando que en nuestro sistema se vota cada dos años y que si se desdoblan las elecciones en los tres niveles de gobierno, en los años electorales tendrán tres jornadas de elecciones generales y que además, a ellas deben sumarse las respectivas elecciones PASO, por lo cual en total tendrán en un año, seis jornadas electorales“.
El legislador sostiene que si bien se debe respetar la posibilidad de desdoblar cuando se elige Intendente por la “trascendencia de ese acto”, no existe justificación para esta “maratón electoral” cuando solo se trata de bancas en el Concejo.