Fecha: 24 de septiembre de 2020.
Origen: Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza.
Objetivo: elevación de Preventivo.
Destinatario: Fiscalía Federal de Mendoza Nº 2.

Así se presentó el informe que, más de cinco años y medio más tarde, terminó con la confirmación de que el ex juez Walter Ricardo Bento era el jefe de una banda de delincuentes que se dedicaba a cobrar coimas a cambio de beneficios procesales. “Venta de decisiones judiciales”, según la presidenta del tribunal que lo juzgó, Gretel Diamante.

Ese documento fue la clave. El punto de partida para una investigación que provocó la caída total y absoluta de quien —al menos hasta principios de 2021— era el hombre que más fuerte pisaba en la justicia federal de Mendoza. Desde el amplio despacho del tercer piso de Tribunales y los lujos de su casa en el barrio Palmares, a la frialdad de un calabozo en la cárcel federal de Cacheuta. Casi sin escalas.

La prueba en cuestión se refiere a los resultados del análisis forense realizado al teléfono secuestrado a Walter Bardinella Donoso, un reconocido narco que le era esquivo al accionar judicial y que logró mantenerse prófugo hasta marzo de ese año. Y una vez tras las rejas, su dispositivo móvil se convirtió en una bomba de tiempo.

Bento y el resto de la gavilla lo sabían. Por eso pusieron en marcha un plan para ver si podían recuperar el celular. Le pidieron al comisario José Gabriel Moschetti que, como fuera, diera con ese Samsung Galaxy J7 Prime 2 y lo destruyera. No pudo. Lo descubrieron y ya no pudo salirse de la historia.

El dosier de 71 páginas tiene la estructura de un informe de inteligencia criminal. Se alternan capturas de pantalla con diálogos, descripción de personajes, números telefónicos, contactos, mención de famosos y mediáticos, recortes de prontuarios y datos de vehículos.

De eso se trata un preventivo: es el punto de partida de una investigación. Aquí se plasman las sospechas y las diferentes hipótesis de trabajo. Pero el informe del 24 de septiembre de 2020 es más que eso. Es una memoria descriptiva de cómo funcionaba la organización criminal.

En ese trabajo, la Policía Contra el Narcotráfico planteó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la corrupción judicial, al contrabando internacional y al lavado de activos.

Por primera vez aparece la configuración tal como se terminó confirmando: un juez como jefe, abogados organizadores y la presencia de un personaje clave en la trama: el ex despachante de Aduana Diego Aliaga, que oficiaba de lobista. Su rol era traficar información y vender cara su influencia.

Aliaga, hasta su secuestro y posterior asesinato en julio de 2020, jugó en todos los lados del mostrador. Era el nexo entre los pagadores de coimas y la banda, y también hacía de informante policial. Pero se sospecha que su rol principal en la provincia tenía que ver con el armado de carpetas para el lumpenaje de los servicios de inteligencia. Una especie de agente inorgánico que se dedicaba a reunir datos sucios de protagonistas de la vida política y empresarial de Mendoza para luego apretar en el momento necesario.

En vida, a Aliaga lo conocían todos. Luego de su muerte, esos mismos intentaron despegarse; incluso Bento. Pero la cantidad de pruebas sobre la relación entre el ex juez y el valijero asesinado fue imposible de disimular.

Aliaga era una de las figuras centrales de la información obtenida del celular de Bardinella Donoso. Estaba agendado como “Fernández”.

El lobista y el narco solían intercambiar geoposicionamientos. Se enviaban ubicaciones para encuentros personales; hablaban sobre préstamos de dinero, negocios en Punta del Este y reparto de alguna ganancia. Sin embargo, Bardinella, en complicidad con su abogado, Luciano Ortego, le escondía información. A veces, trataban de sacárselo de encima.

Dentro del aparato aparecen mencionados otros actores de la historia, como Moschetti o el abogado Martín Ríos. Y lo más jugoso: la referencia al “número uno” o al “gran jefe” y la vinculación con el Juzgado Federal Nº 1.

Este martes se corroboró que, claramente, era Walter Bento, quien, como describió Diamante, “convirtió la función judicial en una mercancía”.