La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que ratifica el acuerdo financiero firmado entre el Gobierno de Mendoza y Nación para compensar deudas y acreencias entre ambas jurisdicciones. La iniciativa obtuvo 34 votos a favor y 10 en contra.
La discusión se centró principalmente en la renuncia de la Provincia a los juicios que mantenía con el Ejecutivo nacional.
Se trata de dos demandas. Una de ellas por la eliminación del Fondo Sojero durante la gestión de Mauricio Macri y, la otra, por los cambios en el Impuesto a las Ganancias que impulso el exministro de Economía Sergio Massa.
Desde el oficialismo aseguraron que la decisión de desistir de estos litigios es porque no hay precisión de cuándo la Provincia podría obtener un resultado, ya sea positivo o negativo.
En tanto, desde la oposición aseguraron que es un error de negociación por parte del gobernador Alfredo Cornejo, y que la Mendoza está resignando más de 15 mil millones de pesos.
El acuerdo
El convenio fue firmado el 27 de julio por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El entendimiento reconoce a Mendoza créditos por $121.282 millones, aunque, una vez compensadas las acreencias con las obligaciones provinciales, queda un saldo de $212.153 millones que la Provincia deberá cancelar en cuotas hasta fines de 2027.
El acuerdo parte de una deuda de $333.434 millones que Mendoza reconoce a favor del Estado nacional, originada principalmente en el anticipo financiero otorgado por Nación a comienzos de este año.
Del otro lado, el Gobierno nacional reconoce créditos de la Provincia vinculados al Consenso Fiscal, obras de vivienda y, fundamentalmente, trabajos ejecutados sobre las rutas nacionales 40 y 143.
$80.000 millones por las rutas nacionales
El componente más importante de las acreencias reconocidas está relacionado con las obras viales. El convenio establece una compensación de $80.000 millones por los trabajos realizados en las rutas nacionales 40 y 143, una cifra que representa aproximadamente dos tercios de los créditos que la Nación admite a favor de Mendoza.
A ese monto se suman casi $39.000 millones derivados del Consenso Fiscal y otros $2.295 millones correspondientes a obras de vivienda. La compensación vinculada a las rutas, sin embargo, está condicionada a la efectiva ejecución de los trabajos y a los mecanismos de control y supervisión de Vialidad Nacional.
El convenio establece que, ante eventuales incumplimientos, la Nación podrá dejar sin efecto de manera proporcional la compensación otorgada y reclamar el reintegro de los fondos. El mecanismo también contempla la posibilidad de descontar esos recursos directamente de la coparticipación que recibe Mendoza.
Cómo pagará Mendoza los $212.153 millones
Una vez realizada la compensación entre créditos y deudas, el saldo que deberá afrontar Mendoza asciende a $212.152 millones, según el esquema establecido en el convenio. El cronograma fue dividido en tres etapas.
El primer tramo comprende $97.500 millones, que deberán abonarse en cuatro cuotas mensuales a partir de agosto de 2026. A esto se suma un pago único de $8.434 millones en diciembre, correspondiente a intereses.
El saldo restante, de $106.217 millones, será cancelado en siete cuotas a partir de junio de 2027.La deuda tendrá una tasa nominal anual del 15% y contará con una garantía basada en las transferencias de coparticipación federal. En la práctica, esto implica que, frente a eventuales incumplimientos, la Nación podrá aplicar retenciones automáticas sobre los recursos que le corresponden a Mendoza.
De acuerdo con los informes financieros incorporados al expediente legislativo, la reprogramación generaría un beneficio estimado de $7.677 millones para Mendoza. Ese resultado surge del diferimiento de los vencimientos y de las nuevas condiciones establecidas para cancelar las obligaciones.
Mendoza desiste de dos demandas contra Nación
Otro de los puntos centrales del acuerdo es el cierre de dos demandas judiciales que Mendoza mantenía contra el Estado nacional ante la Corte Suprema. Una de ellas está relacionada con los cambios introducidos a fines de 2023 en el Impuesto a las Ganancias durante la gestión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
El segundo litigio está vinculado con la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Ese fondo había sido creado en 2009 y distribuía entre las provincias el 30% de la recaudación correspondiente a los derechos de exportación de la soja.
El Gobierno provincial sostiene que ambos litigios tenían un resultado incierto y no contaban con plazos definidos para su resolución. Según esa interpretación, el convenio permite transformar reclamos judiciales de resultado eventual en créditos concretos y, al mismo tiempo, mejorar el perfil financiero de las obligaciones provinciales.
El expediente, sin embargo, no establece cuánto podría haber percibido Mendoza en caso de obtener fallos favorables en esas causas. Ese punto forma parte de la discusión sobre el costo y el beneficio de desistir de los reclamos judiciales a cambio del reconocimiento de créditos y de un nuevo esquema para afrontar la deuda.
El acuerdo pasa ahora al SenadoCon la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado provincial, donde Mendoza deberá definir la ratificación definitiva del convenio firmado con la Nación.