La Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria respecto del conflicto salarial que se inició entre el Ministerio Público Fiscal y la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia y, de esta forma, quedó suspendido el paro de siete días anunciado para entre este jueves 28 y el 4 de abril.

La resolución, firmada por Rodrigo Facundo Herrera, agrega que las partes fueron citadas para el próximo 9 de abril a las 10 a la sede ubicada en calle San Martín y Rondeau y emplazó al sindicado que conduce Ricardo Babillón a que se abstenga de realizar cualquier tipo de medida de acción directa y cese de actividades como la que había anunciado.

Justamente, la medida consistía en cese de actividades en oficinas fiscales dependientes del Ministerio Público Fiscal en toda la provincia “por las condiciones de trabajo en las oficinas fiscales, la pérdida del poder adquisitivo, del adicional CCP, el incumplimiento del compromiso de modificar su base de cálculo, la sobrecarga de trabajo y el incumplimiento del Poder Judicial a su deber de negociar colectivamente condiciones de trabajo”.

Desde la Subsecretaría entendieron que el conflicto se encuentra sin solución por falta de entendimiento entre las partes pero explicaron se está en presencia de un “bien que de ninguna forma puede ser menoscabado por una circunstancia de carácter gremial”.

“Que está por demás sabido que son en las propias oficinas fiscales del Ministerio Público Fiscal donde se pone en funcionamiento la maquinaria judicial para proceder a la defensa de los justiciables que concurren a esos lugares para denunciar hechos delictivos que atentan contra su vida, contra su patrimonio, contra su libertad, o concurre la misma Policía para denunciar actos delictivos en los que interviene, y de esa manera se insta todo un procedimiento que autoriza allanamientos, autorización para la intervención policial y demás”, agrega la resolución.

Los judiciales ya habían parado pese al acuerdo salarial en paritarias los días 9, 10 y 11 de este mes. Cuestionaban que la Suprema Corte se ausentaba de la mesa de diálogo y apuntaban directamente al incumplimiento de compromiso sobre la modificación de la base de cálculo del ítem CPP. Ese adicional representaba para los trabajadores el 40 por ciento de salario y en los últimos meses cayó a poco más del 10 por ciento.