El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, opinó sobre el proyecto de ley que impulsó el Poder Ejecutivo para reformar el Código Procesal Penal, que tiene como objetivo acelerar la Justicia y mejorar los tiempos en los que se resuelven las causas.
Garay aseguró que no formó parte de la redacción del proyecto, aunque admitió que se trata de algo positivo, siempre que busque una optimización de los sistemas de las formas de trabajo.
“Todo lo que implique mejoras en los sistemas procesales para que la ciudadanía tenga un mejor servicio de justicia me parece bien. Tenemos que ver qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial para poder aplicarlo en el caso de que se convierta en ley, tanto en términos operativos como en recursos humanos recursos humanos”, afirmó Garay.
En este punto, destacó una de las claves que tiene la reforma que obliga al foro penal a publicar de manera diaria sus resoluciones, algo que hasta ahora no se estaba realizando.
“Me pareció muy bien un planteo que hace el Ejecutivo y que ellos le llaman transparencia. Por una cuestión de historia o de costumbre, no se publicaban las resoluciones del Foro Penal. Ahora, si esta ley sale, se van a tener que publicar. Eso hace también a que sea auditado el Poder Judicial y tenga este escrutinio social que está necesario”, detalló el Ministro de la Corte.
En que consiste la reforma
La reforma que presentó el oficialismo busca acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en plazos oportunos y surgió tras las críticas del gobernador Alfredo Cornejo por la ausencia de audiencias de flagrancia en horario vespertino.
Si bien la propuesta es bastante amplia, se sostiene en tres ejes centrales. En primer lugar, ampliar la franja horaria para audiencias penales, incorporando la tarde como espacio de trabajo con el objetivo de dar respuestas más rápidas y evitar demoras que obstaculicen el avance de los expedientes.
El segundo eje apunta a fortalecer la participación de operadores judiciales. Para ello, se prevé un mayor protagonismo de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá ampliar la cobertura profesional y aumentar la capacidad operativa del sistema.
Finalmente, el proyecto plantea una reorganización de la Oficina de Audiencias, con la meta de optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones innecesarias y evitar postergaciones que dilaten los procesos, garantizando un funcionamiento más ágil y eficiente del fuero penal.